El Gobierno de Canarias deberá abonar 45 millones de euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 referida a la construcción de un hotel en el sur de Gran Canaria que no se permitió en los años ochenta y por el que la propiedad inició un litigio en 1986.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha dado cuenta del decreto aprobado para proceder al pago de esta cantidad que se reclama, que corresponde en su mayor parte a los intereses legales generados y que se abonará con remanentes de Tesorería del pasado año.

El hotel que pretendía construir estaba situado en Pasito Blanco, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha indicado Pérez.

Así mismo, ha señalado que la primera sentencia sobre este asunto se dictó en 2007 y la siguiente fue emitida por el Tribunal Supremo en 2014.