La secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ha anunciado que el incremento presupuestario en las políticas migratorias se traducirá, entre otras medidas, en la creación de 17 centros propios con una capacidad de 6.100 plazas de acogida, 5.700 más de las que había en 2019.

En concreto, ha detallado en la presentación de las cuentas correspondientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habrá siete centros de primeras llegadas (CPLL) en Canarias y otros dos en la península, además de ocho nuevos centros de acogida de protección internacional (CAPI).

Los dispositivos provisionales de primera acogida, con una estancia en torno a un mes y medio, están destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas a los inmigrantes y solicitantes de asilo, mientras que los CAPI, donde permanecen entre 6 meses y un año, prestarán alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros servicios sociales.

En 2019 España tenía capacidad para 400 migrantes en centros propios, según ha recordado Castro, que ha detallado que con la construcción de estos nuevos centros (financiados con 215 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia) se incrementará en 5.700 las plazas, de modo que en 2024 el Gobierno calcula tener 6.100 plazas de acogida en establecimientos de gestión pública.

Castro ha precisado que en estos momentos se encuentran en licitación los centros que se construirán en Valladolid, Soria, Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Mérida (Badajoz).

Asimismo, la secretaria de Estado ha confirmado que, “como no puede ser de otra manera”, se mantendrá el compromiso de atención a los desplazados de la guerra de Ucrania y “ante la incertidumbre de la situación” seguirán funcionando los 4 Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Málaga, Alicante y Barcelona.

Continuarán la integración laboral y social de los refugiados que están en el sistema de acogida (20.000), así como las ayudas de 400 euros al mes, más 100 euros por menor a cargo, a familias ucranianas que están fuera de la red estatal, una prestación que aún no ha llegado a los refugiados.

Castro ha subrayado que el presupuesto de la Secretaría aumenta un 29 % hasta los 815 millones de euros y que entre las políticas que se desarrollarán figura el despliegue durante 2023 del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, una reforma que, ha dicho, busca reforzar la migración circular, reducir las vías irregulares y dignificar la situación laboral de los migrantes.

“Seguiremos avanzando en esto que llamamos migración regular, segura y ordenada para que no sea un eslogan, sino que tenga detrás cambios normativos y políticas que refuercen que esta sea la forma por la cual, fundamentalmente, los extranjeros no comunitarios lleguen a España”, ha indicado en la presentación el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.