El Gobierno de Canarias compró en los primeros tres meses del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al ‘caso Koldo’ por importe de 12 millones de euros, en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia de covid.

La sanidad pública canaria figura entre las víctimas de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil y por la que ha sido detenido, entre otros, Koldo García, asesor de José Luis Ábalos (PSOE) durante la etapa de este como ministro de Fomento.

Según consta en documentos oficiales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma consultados por EFE en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibió tres encargos para proveer a los hospitales de las islas de mascarillas FFP2 o K95.

El primero, por importe de 6,87 millones de euros (que luego se redujeron a 2,09 millones por la inferior calidad del material servido), en abril de 2020; el segundo, por 4,77 millones, en el mismo mes; y el tercero, por 5 millones de euros, en mayo, a los que se suma un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

En aquellos momentos, los hospitales canarios necesitaban un suministro semanal de 510.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 para que su personal pudiera trabajar con seguridad y, como ocurría en el resto de España, tenían graves problemas para conseguirlas, por lo que se recurrió a proveedores sin relación anterior con el sector, pero que ofrecían contactos internacionales que supuestamente les permitían comprarlas en otros países.

En este contexto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas se convirtió en proveedor del Servicio Canario de la Salud, según figura en los documentos que componen los distintos expedientes.

El primer encargo no cumplió lo exigido

En primer lugar, el 22 de abril de 2020, se le aceptó que sirviera una partida de 2,75 millones de mascarillas FFP2 con un precio unitario de 2,50 euros, lo que hacía un montante global de 6.875.000 euros. La empresa fue entregando lotes los días 23, 25 y 26 de abril hasta suministrar 837.000 unidades, pero surgió un problema.

Los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado (27 de abril) y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando (septiembre de 2020) que, en efecto, no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).

El Servicio Canario de la Salud siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a pesar de los problemas de calidad del encargo anterior y le adjudicó, también en abril, la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad.

En total, 4.775.500 euros, que le fueron abonados en junio de 2020 por orden del entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez (PSOE).

Y hubo un tercer encargo, de fecha de 5 de mayo, por el que se pidieron a esta firma dos millones de mascarillas del tipo K95 por importe de cinco millones de euros (también a 2,50 euros la unidad).

Mientras el segundo y el tercer contrato se completaban, se buscó una solución al primero, que no se rescindió a pesar de que no se había suministrado el material encargado (mascarillas FFP2).

En el expediente, figura una resolución del 3 de noviembre de 2020 por la cual el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas servidas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos de euro la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95.

Con el visto bueno de Domínguez, finalmente se abonó a la empresa no los 6,87 millones de euros del encargo original, sino 2,09 millones: 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como ‘quirúrgicas’ y 1,38 millones por 555.000 mascarillas FFP2/K95.

En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto por la empresa porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso, necesitaban suministros constantes de material de protección y creía que había que valorar “los tiempos de entrega de un nuevo pedido” frente a la ventaja de que ese material estaba disponible para un uso inmediato.

Varias los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar de forma expresa que esos 12 millones de euros se habían abonado en parte (“se declaran cofinanciados”) con fondos europeos del programa FEDER.

Conrado Domínguez dimitió de su cargo en el SCS en noviembre de 2022, tras verse imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el “caso Mascarillas” de Canarias, la presunta estafa a la sanidad pública de cuatro millones de euros con un encargo de cubrebocas a otra firma sin relación previa con el sector, RR7, una pequeña sociedad canaria dedicada a la importación de coches.

La investigación de ese caso se encuentra desde noviembre de 2022 en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó encargarse de su instrucción al haber constancia de que el dinero presuntamente malversado provenía de fondos de la UE.