Nuevo capítulo en el incumplimientos de RIU sobre las Dunas de Corralejo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha expedientado a la empresa hotelera por “la ejecución no autorizada de obras e instalaciones” en la concesión de dominio público marítimo terrestre del Hotel Oliva Beach y los apartamentos anexos.

El Gobierno central destaca que RIU ha incurrido en un “aumento de superficie, volumen o altura” de las edificaciones e instalaciones que se encuentran en dominio público sin permiso.

De esta manera, la cadena hotelera estaría incumpliendo, según el Ministerio para la Transición Ecológica, las condiciones de la concesión del dominio público, que se otorgó de forma inicial en el año 2003 para ocupar un total de 59.768 metros cuadrados. La concesión se modificó en 2007 y se prorrogó en septiembre de 2016, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministerio tramitó una revisión de oficio de la concesión al considerar que RIU había ocultado que no era la única propietaria de los terrenos y que los apartamentos no estaban concluidos cuando entró en vigor la Ley de Costas en 1988.

Ese expediente no se resolvió en tiempo y forma, pero el Consejo de Estado sugirió otra vía: en vez de la revisión de oficio, cabría la anulación de la concesión por caducidad o su rescate.

En el caso del Hotel Tres Islas, también levantado sobre las Dunas de Corralejo y propiedad de RIU, el Ministerio tramita la caducidad de la concesión por unas obras ilegales que aumentaron el volumen construido del hotel.

En este nuevo expediente sancionador al Oliva Beach, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se describen una serie de obras sin autorización que ocupan 13.922 metros cuadrados.

Se trata de una carretera y aparcamiento, sobre una superficie de 7.050 metros cuadrados, de una acera que ocupa 2.020 metros cuadrados y de la transformación de 4.851 metros cuadrados para jardines, incluyendo el “desbroce del terreno”, la “incorporación del césped” y del sistema de riego sobre una superficie “no concesionada” del dominio público marítimo terrestre.

En el expediente se valora el coste de estas intervenciones, de cara a formular la propuesta de sanción económica. La carretera y el aparcamiento están valoradas en 81.991 euros, la acera en 38.493 euros y los jardines en 184.370 euros.

La empresa efectuó obras sin autorización valoradas en 408.000 euros

Además, el Ministerio de Transición Ecológica detalla que se ha procedido a un vallado con 566 metros de largo, valorado en 7.960 euros, se han instalado contenedores metálicos para residuos y otro contenedor marítimo, valorados en 10.500 euros, un depósito de propano valorado en 20.000 euros, un depósito para aguas sin tratar valorado en 14.100 euros y un grupo electrógeno valorado en 24.000 euros.

Todo ello, se destaca en el expediente sancionador, sin autorización del Ministerio y sin cumplir con las condiciones de la concesión. En total, la valoración económica de las construcciones y equipos instalados sin permiso por RIU asciende a 408.116 euros, tal y como se refleja en el informe de una ingeniera de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Ilegalidades

Las intervenciones sin autorización por parte de RIU en el dominio público marítimo terrestre han sido denunciadas de forma reiterada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, así como por la federación ecologista Ben Magec. Para los ecologistas, los expedientes abiertos a la cadena hotelera “no parecen importarle”.

“El rosario de ilegalidades que comete está multinacional asemeja Canarias a una república bananera”, afirma Honorio Galindo, presidente del colectivo Turcón, que a su vez forma parte de Ecologistas en Acción.

“La principal baza de RIU ha sido escudarse en la amenaza de despido de sus trabajadores para conseguir el apoyo de las autoridades locales y autonómicas y que estas miren para otro lado ante tantos quebrantamientos de la Ley de Costas”.

Los ecologistas consideran que se debería investigar también la posibilidad de infracciones penales por “vertidos de aguas negras” en la zona del litoral que ocupan los hoteles en las Dunas. “Hay un vertido de aguas fecales continuo del hotel y los apartamentos directamente a la arena de la playa y a la zona de baño contigua al hotel”, asegura Galindo.

La posibilidad de que el expediente sancionador se quede en una simple sanción económica supondría “una ganga” para RIU, “después de tantos años de explotación” del dominio público, afirma Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

“En cualquier lugar civilizado, solo la transformación y desbroce de terreno de un paisaje dunar para hacer una zona ajardinada y la incorporación de césped y de un sistema de riego, sobre superficie no concesionada, supondría la retirada de todos los permisos, además de la acusación de oficio, por parte de las autoridades competentes, de un delito ecológico grave, ya que se está afectando a un lugar protegido como es el Parque Natural de las Dunas y la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Sebadales de Corralejo”, añade Reyes.

Estrategia de RIU

Entre tanto, la empresa Geafond número uno Lanzarote, propietaria del Hotel Oliva Beach y que forma parte del grupo RIU, ha retirado el proyecto de reforma del establecimiento alojativo y del complejo de apartamentos, que se encontraba en el Ministerio de Transición Ecológica.

La estrategia reconocida por la empresa es que la solicitud de obras la resuelva el Gobierno de Canarias, tras las transferencias en materia de Costas del Ejecutivo central al autonómico, que está previsto que se lleve a cabo este año. Un movimiento con el que se cree en sectores ecologistas que RIU busca una interpretación de la normativa de Costas más laxa por parte del Gobierno de Canarias y que se le dé encaje a su proyecto.

No obstante, desde el colectivo Turcón se ha reclamado que, por interés general, el expediente de la solicitud de obras de reforma del Oliva Beach siga abierto en el Ministerio de Transición Ecológica, y no se traspase a la comunidad autónoma.