El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Gomera notificó ayer martes el auto que acuerda la suspensión cautelar de la actividad y el precinto de una explotación ganadera presuntamente ilegal, ante los indicios de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente por contaminación grave con vertidos (orines y estiércol de cerdo y cadáveres de animales) de la zona de dominio público hidráulico del Barranco de Garabato, en el término municipal de Vallehermoso.

La autoridad judicial estima con esta medida la petición de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en septiembre de 2021 envió al juzgado su investigación sobre la explotación ganadera. Esto derivó en la incoación de las diligencias previas actuales (66/2021).

Según consta en el auto, en marzo del año pasado el Cabildo de La Gomera certificó que el dueño carecía de calificación territorial para la construcción de la granja en el lugar donde actualmente se encuentra.

En la investigación preprocesal del fiscal ya constaban dos denuncias de la Guardia Civil (Deprona Garajonay La Gomera) de febrero del año pasado en las que, tras una visita al lugar, se constataba un “hedor insoportable” proveniente de “una gran cantidad de cadáveres de animales (ovejas, novillos, cabras, etcétera) arrojados en el lugar en estado de descomposición”.

Gusanos y fermento

Recuerda además la autoridad judicial que el dueño de la explotación ganadera ya había sido sancionado en diciembre de 2018 por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, después de que en 2016 la Guardia Civil le denunciara no solo por arrojar cadáveres de animales al barranco, sino por verter los purines directamente a la zona de dominio público hidráulico, donde los agentes detectaron una canalización de materia fecal “abierta al aire, fermentando y con gran cantidad de gusanos”.

Si bien tras las intervenciones administrativas el propietario de la explotación alegó que había corregido las deficiencias -y que los purines ya no se vertían al barranco, sino hacia unos tanques habilitados al efecto-, una inspección de Bienestar Animal realizada el pasado 3 de junio -hace 12 días- advirtió, según recoge el auto: “El titular declara que estaba dirigiendo estos residuos hacia un tanque subterráneo el cual no estaba permeabilizado, teniendo pérdidas hacia el barranco cercano. (...) Como el tanque tuvo que clausurarlo, ha estado vertiendo estos residuos sólidos al barranco cercano, en el momento de visita tiene articulada un sistema de recogida de estos residuos a través de una tanquilla y una canalización hacia seis tanques plásticos de 1.000 litros de capacidad cada uno”.

El inspector agregó: “Este sistema de recogida de residuos no estaba en funcionamiento en el momento de la visita, de hecho, revisando el cauce del barranco cercano, se observa aún una fuga de líquidos descontrolada. (…) La gestión de los residuos sigue siendo inadecuada, ya que aún se liberan líquidos al barranco cercano, y con respecto a los cadáveres, aunque el titular dice tener seguro de retirada de cadáveres, reconoce haber realizado enterramiento de algunos cadáveres en zonas cercanas de la finca".

La resolución judicial que autoriza el precinto cautelar de la granja pone de relieve los resultados de los análisis realizados por el laboratorio de referencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera en muestras tomadas en la zona los días 6 y 9 de mayo pasados, que evidencian incrementos alarmantes en la presencia de metales en la tierra: Un 300,6% de aluminio; un 193,9% de arsénico; un 434,3% de hierro; un 273,8% de manganeso y un 410% de plomo.

“Todos estos parámetros afectan fuertemente el medio ambiente, con incremento directo de la eutrofización (saturación de las aguas) que causa entre otros efectos inmediatos la proliferación descontrolada de algas, alterando la microbiótica local y afectando todo el ecosistema”, concluye el laboratorio.

El segundo caso en un mes

La autoridad judicial expone en la resolución que de las prueba practicadas se infiere que el dueño de la explotación está “arrojando los purines hacia un tanque subterráneo sin impermeabilizar, teniendo pérdidas hacia el barranco, mostrándose de las inspecciones realizadas una fuga de líquidos descontrolada afectando al cauce del dominio público hidráulico, sin contar con elementos probatorios en el presente procedimiento que permitan acreditar que dicha actividad cuenta con autorización de instalación o vertido al cauce”.

A ello, sigue el juez, “ha de sumarse la práctica de quema, abandono y soterramiento de los cadáveres de los animales derivados de dicha explotación en las zonas cercanas a la explotación dentro de la finca”, suponiendo todo ello indiciariamente “una contaminación derivada de vertidos que pudieran deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, así como la introducción de elementos extraños en cauces, canales, conducciones o balsas de agua de cualquier tipo, susceptibles de producir contaminación al agua afectada”.

El juzgado indica al investigado que “no puede alegar desconocimiento o ignorancia sobre los hechos”, y le recuerda que ya había sido sancionado administrativamente en 2018 por arrojar purines y cadáveres de animales al barranco.

El auto que ordena el precinto cautelar de la explotación concede al ganadero cinco días para que proceda a la retirada voluntaria de los animales que viven en la granja, otorgando la custodia de estos al Cabildo de La Gomera de no verificarse. El investigado es apercibido de que puede incurrir en un delito de desobediencia si no cumple con los mandatos judiciales.

Debe señalarse que el juzgado instructor de La Gomera ya ordenó el pasado 25 de mayo el precinto cautelar de otra granja ganadera, en aquel caso por presuntos delitos contra los recursos naturales y por maltrato animal, tipo penal este último que no se aprecia en el presente caso. Son diligencias distintas y casos e investigados sin relación alguna entre sí.