El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria), que funciona en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria como experiencia piloto nacional desde el 1 de octubre de 2021, registró en su segundo año de funcionamiento (del 1 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023) un total de 607 denuncias, lo que supone un incremento del 66,3% con respecto al volumen de diligencias incoadas el primer año.

La estadística del órgano judicial revela que en el segundo año de actividad del órgano se denunciaron en el partido judicial (con competencia sobre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Vega de San Mateo), un total de 235 presuntos casos de delitos contra la libertad sexual. Ello supone un aumento del 95% en este tipo de diligencias previas con respecto al primer año.

El número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar fue en el último ejercicio de 311, lo que evidencia un aumento del 64,5% en el volumen de entrada de este tipo de delincuencia.

Desde el Juzgado se explica que el gran incremento de denuncias ha ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas [toma de declaración previa con todas las garantías que se graba en soporte audiovisual y que es plenamente válida para su reproducción en cualquier fase del proceso, incluida la vista oral]. Actualmente, el tiempo de espera para realizarlas es de 16 días.

El aumento en la carga de trabajo ha obligado a ampliar la sede judicial en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dotándola de una sala de espera amigable. El órgano judicial ya cuenta con una unidad adscrita especializada de la Policía Autonómica de Canarias, plenamente incorporada. Los espacios de relajación y esparcimiento están, asimismo, en proceso de ampliación.

El grupo de investigación que analiza los plazos temporales y el nivel de ansiedad y estrés de las víctimas que acuden al Juzgado ha aportado a la autoridad judicial sus primeros estudios, que concluyen que la creación del nuevo órgano causa “menor dilación” desde la denuncia hasta la práctica de la prueba preconstituida, produciendo “un impacto” positivo “de gran magnitud sobre la Justicia procesal, y consecuentemente sobre la victimización secundaria”.

El grupo de investigación considera que la experiencia piloto de Las Palmas de Gran Canaria “servirá para avalar una nueva política judicial que reduzca la victimización secundarias de los/as menores víctimas de violencia a través de la creación y dotación de los juzgados especializados adaptados a la infancia y la adolescencia”.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado prorrogar su actividad un segundo año como experiencia piloto nacional gracias al apoyo e impulso de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Su máximo responsable, Juan Luis Lorenzo Bragado, se refirió a lo positivo de la experiencia en su comparecencia ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias el pasado 16 de octubre, e indicó que la iniciativa es un referente a nivel nacional “y me atrevería a decir que a nivel internacional”, enfatizó. El presidente anunció que la intención de la Sala de Gobierno del TSJC es la de reproducir la experiencia en otros partidos judiciales de las Islas.

En la reunión de la Sala de Gobierno del pasado 20 de octubre se acordó la prórroga por un año más del proyecto piloto en virtud del cual se atribuye al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria el conocimiento exclusivo de las causas penales por delitos contra niños, niñas y adolescentes del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.