El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad instar a que se modifique el decreto del ingreso mínimo vital para que puedan ser beneficiarios entre los 18 y los 25 años los jóvenes que han sido tutelados por la administración pública mientras eran menores de edad.

La propuesta parte de una proposición no de ley promovida por la diputada del grupo Socialista Teresa Cruz, quien ha advertido que actualmente en Canarias hay 1.600 niños y niñas sometidos a tutela por la administración y por lo tanto, "desarraigados de sus familias" pero que cuentan con el compromiso de todos los municipios canarios.

Teresa Cruz ha indicado que ha sido testigo de cómo estos jóvenes ponen todo su esfuerzo, coraje y valentía para sobrevivir después de alcanzar la mayoría de edad, cuando ya dejan de ser tutelados y son puestos en la calle, lo que les conduce a la pobreza, el consumo de drogas y la explotación sexual, sobre todo en el caso de las chicas.

En la ley autonómica de Atención Integral del Menor no se tiene prevista ninguna cobertura para los extutelados y la falta de actualización de este marco legislativo de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia realizada en 2015 "deja en una situación de vulnerabilidad" a estos jóvenes, ha añadido.

A pesar de esta carencia de una normativa territorial que genere un marco de protección a los jóvenes extutelados, Teresa Cruz ha señalado que el Gobierno de Canarias contempla en los presupuestos de 2022, por primera vez, una partida específica para estas personas.

Asimismo, algunos cabildos insulares, conscientes de las dificultades y barreras que ha de afrontar este colectivo por su prematura emancipación, han impulsado una red de pisos tutelados que permite cubrir una de las necesidades básicas de estos jóvenes.

Sin embargo, los pisos tutelados promovidos desde las administraciones públicas están, en su mayoría, condicionados a la inserción laboral de los usuarios de esos recursos sociales.

Esta circunstancia genera una situación de desventaja social en relación con los chicos y chicas que cumplen la mayoría de edad en un entorno familiar.

Estos últimos pueden plantearse continuar su proceso de formación académica tanto a nivel universitario como realizando algún ciclo.

Según el último informe de la Estadística Básica de Protección, a fecha 31 de diciembre de 2019, en Canarias hay 1.804 menores con una medida de protección de los que 373 tenían una medida de acogimiento residencial entre los 15 y 17 años.

Según esta memoria, la revocación de la medida de protección se debe al reintegro familiar (11,5%), a un acogimiento familiar (11,8%), otras causas (4,8%) y a la mayoría de edad (26,4%).

Asimismo, un informe realizado por Cruz Roja Española sobre extutelados arroja datos como que el 83,9% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión; el 81,5% está en paro; el 84% no recibe ninguna prestación económica o el 10% se ve obligado a vivir en la calle o incluso a realizar actividades ilícitas ante la falta de amparo para cubrir sus necesidades básicas.

"Garantizar la inclusión social de estos jóvenes para los que la Administración pública ha realizado “tareas parentales” hasta el momento de la mayoría de edad y, en algunos casos, durante la mayor parte de su existencia, pasa por lo siguiente: contar con cobertura legal, especialmente para los menores extranjeros no acompañados; disponer de apoyos sociales, fundamentalmente alternativas habitacionales y, finalmente, tener unos ingresos económicos", ha apuntado la promotora de la iniciativa.

Por ello el Parlamento de Canarias ha instado al Gobierno regional a que, a su vez, pida al de España que modifique el decreto del ingreso mínimo vital para que se incluya como personas beneficiarias a los jóvenes entre 18 y 25 años que hayan estado tutelados por la Administración pública antes de alcanzar la mayoría de edad.

Además insta al Gobierno canario a que modifique el decreto por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda para que se incorpore como colectivo con cupo especial a los jóvenes extutelados.

Asimismo pide incorporar en el decreto que fija y regula los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas canarias a los jóvenes extutelados como colectivo que queda exento del pago de los precios públicos establecidos, siempre y cuando inicien los estudios referidos en los tres años siguientes a cumplir la mayoría de edad.

En la iniciativa se ha incorporado una enmienda del grupo Nacionalista Canario por la que también se pide al Servicio Canario de la Salud que atienda como colectivo especial a los jóvenes extutelados.