El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a promover de forma inmediata que investigue de oficio las condiciones de calidad de servicio, competencia y respeto a los derechos de los consumidores en las oficinas bancarias del archipiélago.

Una propuesta presentada por el grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) que ha defendido Mario Cabrera, quien ha asegurado que los bancos parece que no tienen límites y también ha afirmado que "todos podemos" hacer algo para evitar el mal comportamiento.

También se plantea en la proposición aplicar criterios de calidad en el servicio al cliente, dispersión geográfica de oficinas bancarias y adaptación a la atención personalizada, en la valoración de los concursos y licitaciones públicas que el Gobierno de Canarias realice y a los que concurran entidades bancarias.

Esta propuesta es para que la calidad en el servicio al ciudadano sea valorada al mismo tiempo que tipos de interés o rendimientos económicos, antes de hacer una adjudicación.

Mario Cabrera ha considerado que el servicio de las entidades bancarias cambiará si se obliga a que prime la calidad del servicio, y ha hecho hincapié en que durante los seis primeros meses del pasado año los cinco principales bancos de España ganaron 10.000 millones de euros, lo que quiere decir que los recortes no se deben a que tengan pérdidas.

Otro punto de la proposición no de ley es realizar una guía de buenas prácticas en la atención al cliente, que incluya horarios amplios, dispersión geográfica de las oficinas bancarias, atención personalizada y cuotas razonables de funcionamiento y de servicios.

El objetivo en este caso es promover la incorporación a esta guía de aquellas entidades bancarias que cumplan con sus contenidos.

Además, se plantea elaborar y difundir una guía de derechos de los usuarios y clientes de oficinas bancarias, adaptada a los perfiles de edades y tipos de usuarios, en la que se especifiquen claramente las obligaciones y límites en las condiciones que vienen imponiendo las entidades bancarias.

El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha señalado que desde 2008 han desaparecido más de la mitad de las sucursales bancarias, lo que es especialmente grave para las personas de más edad.

La diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza ha considerado que es inaudito lo que las entidades bancarias hacen con un sector de la población, y ha añadido que el gobierno canario no comparte el comportamiento de los bancos.

El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha indicado que se obliga a muchas personas a mendigar que alguien les ayude en las entidades bancarias, en las que solo prima el interés y el beneficio.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández ha reconocido que la digitalización no se puede frenar y ha señalado que será preciso propiciar un cambio legislativo en España que lleve a mantener una servicios mínimos en las oficinas bancarias.

Luz Reverón, del grupo Popular, ha hecho hincapié en la campaña nacional "Soy mayor pero no soy idiota" que va contra la deshumanización de los servicios bancarios, y ha criticado los cierres de las oficinas.

La diputada del grupo Socialista Nayra Alemán ha dicho que tal vez haya que recordar que bancos y cajas han crecido gracias a quienes ahora están abandonando, y ha comentado que del proceso de las nuevas tecnologías también se están descolgando personas que no tienen mucha edad.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley se señala que la digitalización y modernización de los servicios bancarios coincide con una rápida concentración empresarial que elimina la competencia, homogeniza los servicios que se prestan a los clientes, degrada las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores y deja a los clientes sin alternativas reales a las que recurrir.

Un proceso, se agrega, que se realiza con apoyo gubernamental y hasta con incentivos y ayudas de las que se benefician las entidades bancarias a la vez que recortan y eliminan servicios.

Y se apunta que esa degradación es doblemente perjudicial en Canarias, en especial en las islas no capitalinas y en los núcleos de población más dispersos, ya que se repiten los cierre de oficinas bancarias, o la reducción de horarios de atención al público, junto al traslado de operativas a cajeros o la extensión de sistemas digitales de gestión que obligan a los clientes a establecer diálogos muchas veces imposibles con máquinas.