El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, criticó que el Gobierno de Canarias “haga oídos sordos” a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre los menores inmigrantes, “toda vez que en el informe anual de 2022 se siguen denunciando prácticas perjudiciales para estos niños y jóvenes que están bajo la tutela del Ejecutivo de Torres”.

Poli Suárez, que preguntó a la consejera de Derechos Sociales por las medidas que se están adoptando tras estas denuncias, recordó que el Defensor del Pueblo "ha vuelto a insistir en el retraso que se sigue acumulando en los trámites para determinar la edad de estos jóvenes".

“A finales del año pasado, el Gobierno de Canarias tutelaba legalmente al 26% de todos los menores extranjeros no acompañados acogidos por las autoridades públicas de España”, indicó el portavoz adjunto, quién coincide con la institución presidida por Ángel Gabilondo en reclamar “que se dote urgentemente a la fiscalía competente de los medios humanos necesarios al objeto de agilizar la resolución de la gran cantidad de los expedientes de determinación de la edad en curso”.

Según Poli Suárez, “mientras se determina la edad, estos niños permanecen en un limbo jurídico que les impide el ejercicio de los derechos que les corresponden, como la escolarización reglada o la federación deportiva, entre otros, y es responsabilidad de este gobierno garantizar la integración de estos menores”.

Asimismo, el portavoz adjunto recordó que el informe del Defensor del Pueblo también "denuncia la denegación irregular de la cédula de inscripción a menores bajo tutela de la comunidad y alerta que se siguen recibiendo numerosas quejas de que, en Canarias, la Policía o la Delegación del Gobierno deniegan cédulas de inscripción que solicita la Dirección General de Protección de la Infancia para menores de edad que llegan indocumentados".

“Esta realidad los hace más vulnerables y les aboca a una situación de irregularidad administrativa y exclusión social”, apostilló Suárez, quién le preguntó a la consejera de Derechos Sociales por las acciones que está empleando para recurrir estas denegaciones.

Por último, solicitó al Gobierno de Canarias que tome las medidas necesarias para abordar estas prácticas al tiempo que le reclamó al resto de instituciones implicadas “y compañeros de gobierno a que cumplan con su obligación con el fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los niños y adolescentes migrantes que viven en nuestra comunidad”.