La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, exigió hoy al consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas del archipiélago, “con una planificación que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada isla porque todos los canarios la financiamos, los de las islas capitalinas y no capitalinas, pero no todos contamos con sus servicios”.

Durante una comparecencia en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez criticó el hecho de que cuando estos agentes se desplazan a otras islas sean las administraciones locales, o insulares, quienes tengan que sufragar el alojamiento y las dietas.

 “¿Por qué tienen que pagar un extra los ayuntamientos o los cabildos de las islas no capitalinas si al igual que las demás ya financiamos los 20 millones anuales que nos cuesta este Cuerpo?”, preguntó la diputada popular, quién añadió que “catorce años después de su creación, la Policía Canaria sigue sin ser la policía de todos los canarios”.

Asimismo, criticó que durante los momentos más álgidos de la crisis migratoria en Lanzarote o Fuerteventura, el Gobierno de Canarias no haya movilizado de motu propio a efectivos de la Policía Autonómica para dar apoyo y reforzar las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en estas islas y que estaban desbordados.

“¿Es que acaso los ciudadanos de Lanzarote, La Gomera o La Palma no tienen los mismos derechos que los de Tenerife o Gran Canaria?”, cuestionó la diputada popular, al tiempo que indicó que “con esta diferenciación, el Gobierno de Canarias asume que los ciudadanos de las Islas no tienen los mismos derechos y que hay canarios de primera y de segunda”.

En este sentido explicó que “ayuntamientos de otras islas, aunque quieran un refuerzo de seguridad para sus fiestas patronales o celebraciones, no pueden asumir el coste medio que supone 100 euros por persona y día; porque instalaciones que son de su propiedad, y que usan otros cuerpos en momentos puntuales, no son óptimas para la Policía Canaria y porque no pueden asumir ese plus de seguridad al que realmente tienen derecho como canarios que son”.

Según la diputada popular, “esta es la triste realidad que el Gobierno de Canarias no quiere ver y ante la que no está haciendo absolutamente nada, porque ni corrigen esta situación ni afrontan con valentía la necesidad que tienen algunas islas de contar con un destacamento permanente”.

Astrid Pérez reclamó al Gobierno de Canarias que asuma el coste económico que actualmente tienen que asumir las corporaciones locales cuando requieren un refuerzo puntual de estos efectivos y urgió a buscar soluciones a corto plazo, “porque son ustedes los responsables de mantener un sistema que, en la práctica, no es un servicio público esencial para todos los canarios”, concluyó.