El diputado y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce considera que la intervención del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en el Parlamento ha sido “una pérdida de tiempo” y lamentó que “la Consejería de Sanidad no aportara nada nuevo y siguiera eludiendo su responsabilidad en el pufo del caso mascarillas”.

Ponce, que realizó estas manifestaciones tras la comparecencia a petición propia del Gobierno, criticó que el gobierno continúe sin explicar el escándalo de la compra de mascarillas y por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por una presunta malversación y prevaricación.

En este sentido, manifestó que el “obstinado silencio” de los responsables apunta a que “este caso es la punta del iceberg de una manera de actuar imprudente y atolondrada que nos ha costado un agujero de 4 millones de euros, más otro millón en intereses y el pago de comisiones millonarias”.

Para Ponce, “es inexplicable que el Gobierno siga defendiendo su gestión cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias ante una posible irregularidad contable y la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación y malversación al SCS, citando en calidad de investigados a dos altos cargos del Ejecutivo autonómico”.

En su turno de palabra Ponce interpeló a Domínguez, entre otras cuestiones, por el motivo por el que se contrató a una empresa de coches y sin solvencia acreditada para la adquisición de material sanitario como demuestra el hecho de que las mascarillas recibidas y pagadas como FFP3 fueron, en realidad, 3M modelo 1860 que equivalen a una quirúrgica o FFP2 de menor coste ”por lo que el precio pagado fue superior”, apostilló.

 “Por ello, añadió, cobra más relevancia si hubo o no supervisión del mismo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas”.

Al respecto, recordó las declaraciones de la que fuera consejera de Sanidad sobre la obligatoriedad de ejercer una vigilancia estricta acerca de las especificaciones técnicas del material sanitario y preguntó “si estas discrepancias en los controles a aplicar fueron las causas del cese de Teresa Cruz”.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de los calificativos vertidos en el informe de la Fiscalía e inquirió al director del Servicio Canario de la Salud si coincidía con la opinión del Fiscal al considerar su modo de proceder indicativo de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido.

 “Lo único cierto es que como resultado de este grave caso es que ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor es que el Gobierno se sigue lavando las manos y nadie asume responsabilidades por este feo procedimiento”, concluyó Ponce.