El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha alertado en el Parlamento regional de que “están saltando las alarmas” que apuntan a “un colapso total de la justicia” en el archipiélago por cuestiones como la falta de adecuación de los medios humanos y materiales a la elevada litigiosidad.

Actualmente los últimos procedimientos tienen señalamientos para mediados de 2024, pero eso es porque hay muchos sin señalar que esperan “en las estanterías”. Si se señalaran todos los pendientes, “tendríamos para llenar la agenda de los juzgados hasta bien entrado 2025”, advirtió Lorenzo en la presentación en comisión parlamentaria de la Memoria de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Como ejemplo del retraso en la puesta al día de los medios que necesita la justicia para funcionar en Canarias, el presidente del TSJC indicó que en 2022 se crearon cinco nuevas unidades judiciales, de las cuales tres aún no han entrado en funcionamiento.

Se trata de tres unidades judiciales en San Bartolomé Tirajana y Granadilla, partidos judiciales especialmente colapsados, y que deberían haber empezado a funcionar el 30 de septiembre, pero por falta de disponibilidad de locales se ha retrasado al menos hasta junio de 2024.

Tanto en San Bartolomé de Tirajana como en Granadilla, el derecho a una tutela judicial efectiva “es una auténtica entelequia”, sostuvo.

En el caso de Granadilla, Lorenzo recordó que se ha hablado incluso de “un partido judicial fallido”, y defendió su unificación con Arona para poder contar en el sur de Tenerife con un servicio judicial eficiente.

Esa propuesta ha tenido “nulo éxito”, reconoció, y ha encontrado “una oposición municipal frontal”.

Parece que “es más importante tener un juzgado a la puerta de casa, aunque no funcione”, a que los ciudadanos puedan contar con que sus asuntos judiciales se resuelven “en tiempo y forma”, denunció.

El presidente del TSJC consideró que las unidades judiciales no deben fijarse por criterios matemáticos en función de la población, sino que debe considerarse la población de hecho, más elevada en Canarias por el elevado número de turistas y por la litigiosidad añadida que se produce por tener una economía basada en el sector servicios.

Al respecto, Lorenzo consideró que se necesitan al menos otras diez nuevas unidades judiciales.

El informe del TSJC refleja que Canarias lleva cuatro años seguidos encabezando la litigiosidad en el Estado, un 40,27% más que la media nacional, con una tasa de 181,03 pleitos por cada 1.000 habitantes.

Esto lleva a que de los 211 órganos judiciales, 124 superaron en 2022 la carga de trabajo.

Mientras no entran en funcionamiento las nuevas unidades judiciales son necesidades medidas de apoyo, pero en 2020, aunque fueron admitidas veinte, fueron denegadas diez, y en junio ha decaído el 50% del programa de apoyo que estaba en marcha.

En cuanto a las medidas de apoyo, Lorenzo demandó una mejora de la coordinación entre las administraciones

Otra de las demandas del presidente del TSJC es un nuevo modelo organizativo, extendiendo los servicios comunes de notificaciones y embargos a los partidos más colapsados.

Defendió además la necesidad de reducir la interinidad del personal, que está en el 30%, su formación y la cobertura de vacantes.

Otra necesidad acuciante, de acuerdo con Lorenzo, es contar con nuevas y mejores infraestructuras judiciales, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario.

En el caso de la capital tinerfeña “es exasperante” la lentitud del proyecto de ciudad de la justicia.

Las mejoras en el sistema informático para impulsar definitivamente el expediente judicial electrónico fue otra de las demandas de Juan Luis Lorenzo, quien consideró necesario revisar las medidas de acceso y accesibilidad a los juzgados, la dotación de equipos psicosociales, la creación de oficinas de atención a las víctimas y la mejora del funcionamiento de los institutos de medicina legal, donde se producen “demoras inaceptables”.

El presidente explicó que los datos sobre los dos primeros trimestres de 2023 corroboran los datos reflejados en la Memoria de 2022, con una litigiosidad diez puntos más alta que la media nacional, con un 27% más en los juzgados de lo civil y de un 24% en los de lo social.

También siguen aumentando las denuncias de violencia contra la mujer, que sitúan a Canarias entre las comunidades con más casos, con 25,2 denuncias por cada 10.000 mujeres.

“Hay datos preocupantes que revelan la necesidad de más y mejores medios, que cuestionan el modelo organizativo, que nos llevan a ser exigentes en los cambios y mejoras necesarios ante las administraciones prestacionales”, destacó el presidente del TSJC.