El Gobierno de Canarias trasladará al Parlamento regional el proyecto de ley que regulará la vivienda vacacional tras introducir "múltiples cambios" respecto al borrador inicial, según ha reconocido la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León.

De León ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, "por fin", el anteproyecto de ley llegará como proyecto de ley al Parlamento de Canarias antes de que finalice el año, tal y como se comprometió el Ejecutivo regional, cuyo carácter "reformista" ha ensalzado, ya que hoy se ha abierto el trámite de consulta pública para reformar la ley de ordenación del turismo de 1995.

La consejera ha calculado que la ley de vivienda vacacional podría aprobarse en un plazo de tres meses, teniendo en cuenta que enero es inhábil, aunque pedirá que a la Mesa del Parlamento de Canarias que habilite la última semana del mismo para apurar los plazos.

De León ha hecho hincapié en que en el Ejecutivo regional han sido "bastante flexibles" y se han introducido "múltiples cambios" a petición de otras administraciones, órganos consultivos y ciudadanos durante el proceso de alegaciones, en el que se han recabado más de 5.000.

Uno de esos cambios, ha detallado De León, es que en el borrador inicial no se diferenciaba entre propietarios y explotadores de viviendas vacacionales y se establecía una temporalidad de cinco años, revisables a otros cinco, hasta un máximo de 20 años.

Tras un proceso de "escucha activa", el Gobierno de Canarias ha acordado que todos los propietarios que cumplen con el decreto que en estos momentos regula la actividad puedan ejercerla de forma ilimitada.

Otro de los cambios introducidos en el texto legal, más allá de los que pueda haber durante el trámite parlamentario, es que los ayuntamientos con la capacidad de carga sobrepasada (90% vivienda-10% turismo) puedan emitir un informe por núcleos.

Jessica de León ha aludido también a la supresión del requisito inicial de contar con un punto de recarga para vehículos eléctricos a 500 metros de la vivienda vacacional o a la reducción de la superficie mínima hasta los 25 metros cuadrados.

Ha señalado que ha habido cambios a petición de la FECAI y la FECAM, con la última de las cuales el Gobierno de Canarias ha "acercado bastante más las posturas" que al inicio.

La consejera ha subrayado que el reparto de competencias que determina el proyecto de ley no ha sido puesto en duda por ningún organismo, y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Granadilla, que ha redactado y tiene en exposición pública su ordenanza, "una oda a la sencillez", en un mes.

"No pedimos un cambio sustancial" del planeamiento general, ha expresado la consejera, ya que los ayuntamientos pueden recurrir a una ordenanza pormenorizada o provisional.

Norma “participada”

Preguntada si teme una batalla judicial, ha asegurado que esta ley "ha estado tan participada y ha pasado por tantas consultas que es muy difícil que esos recursos prosperen".

Jessica de León ha recalcado que cuando entre en vigor la ley, hasta que el planeamiento de cada municipio no lo habilite no se podrá conceder una sola licencia.

También ha enfatizado el hecho de que se ha "reforzado" la declaración responsable para ejercer la actividad, con la exigencia de proyectos técnicos y con la vigilancia del "cumplimiento estricto" de la ley por parte de cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y de España a través del registro de ventanilla única digital.

A pesar de los "múltiples cambios" introducidos, la consejera ha reparado en el carácter "contundente" de la futura ley de vivienda vacacional, que mantiene unas "líneas rojas", como el veto a esta actividad de la vivienda protegida.

Cree la consejera que esta ley "indiscutiblemente" ayudará a relajar la tensión del mercado de la vivienda residencial, una realidad de la que no es responsable en su totalidad la vacacional sino que responde a diferentes factores, uno de ellos, la ley estatal de vivienda cuya derogación ha vuelto a reclamar.

Emergencias en las Islas

En cuanto a la reforma de la Ley de ordenación del turismo, ha indicado la necesidad de adaptar la normativa al contexto actual, en el que Canarias vive "cuatro emergencias: energética, hídrica, habitacional y migratoria".

Ha opinado que la ley en vigor, pese a su longevidad, fue "avanzada a su tiempo" y ha permitido a Canarias tener un sector turístico "muy competitivo", y lo que ahora pretende el Gobierno regional es que sea "más rentable para los canarios" y que "hable el lenguaje de la sostenibilidad".