El presidente de la patronal hotelera de España, Jorge Marichal, ha lamentado “profundamente” el “nuevo golpe” que ha recibido este jueves por la tarde Canarias con el anuncio del Gobierno británico de que retira al Archipiélago de su lista de corredores seguros e impone dos semanas de cuarentena para los pasajeros que regresen a Reino Unido desde las Islas.

Tras conocer la “mala noticia”, Marichal afirmó que "el sector no aguanta más" y solicitó al Estado "que apruebe de forma urgente un paquete de medidas que permitan rescatar a la hotelería de esta comunidad autónoma y detener esta sangría". "Mucho me temo que la temporada de invierno acabe realmente en la basura", añadió.

Marichal considera que “ahora más que nunca” tiene sentido empezar a hablar de un "verdadero rescate" al sector alojativo de las Islas, porque “muy pocas empresas podrán recuperarse de estos continuos sobresaltos que está deparando esta crisis sanitaria”.

"Esta montaña rusa en la que estamos instalados hace meses acarrea numerosas pérdidas”, añadió Marichal, quien consideró que “este último anuncio de Reino Unido llevará aparejado también muchas cancelaciones, porque los británicos no querrán guardar cuarentena a su regreso a casa”.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) consideró también que detrás de esta decisión de Reino Unido, principal país emisor de turistas al Archipiélago, "residen motivos de corte estratégico-políticos y no estrictamente sanitarios".

En este sentido, Marichal avanzó que los últimos datos del flujo de reservas hacia las Islas estaban siendo positivos, más aún tras el decreto aprobado el miércoles por el Gobierno de Canarias en el que se permiten los test de antígenos como Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) válida para el control sanitario de los visitantes extranjeros.

Asimismo, “porque la salud está por encima de todo”, Marichal ruega al Gobierno de Canarias que "sea estricto" a la hora de hacer cumplir las restricciones en las Islas y que “las endurezca si fuera necesario”. "Nos desangramos poco a poco y sin salud nuestra economía y, por tanto, nuestra sociedad va a sufrir mucho en los próximos meses", añadió Marichal.

Paquete de medidas “urgentes”

La patronal hotelera ha reclamado al Estado un paquete de medidas “urgentes” que hay que aplicar en las Islas “si no se quiere correr el riesgo de que desaparezca una parte importante del tejido productivo turístico, con la consecuente afección al empleo y a la actividad económica en su conjunto”.

En primer lugar, un sistema de ayudas directas a las empresas para que remonten esta situación. “Hay establecimientos que llevan cerrados desde el 26 de marzo sin ingresar un solo euro y pagando mensualmente una parte de la Seguridad Social”, señala la patronal, que considera que “esta situación es insostenible a medio plazo”.

En segundo lugar, reclama la exoneración a los trabajadores que continúan en ERTE del cien por cien de las cotizaciones a la Seguridad Social, al igual que un porcentaje de las cotizaciones de los que están trabajando. “En un contexto de ingresos cero es imposible que las empresas tengan que seguir pagando por trabajadores que no están en situación de alta”, añade.

También se propone en tercer lugar la exoneración de impuestos locales (IBI, IAE y tasas) mientras continúe el sector alojativo en esta situación de “parálisis total”. La patronal indica que “muy pocos son los ayuntamientos en Canarias que han adoptado medidas encaminadas a aliviar la presión fiscal a las empresas que pagan impuestos y tasas por servicios que no generan y actividad económica que no están realizando porque no pueden”.

En cuarto lugar, plantea la necesidad de que el Gobierno de España tenga la condición de Región Ultraperiférica de Canarias “hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional". Así, entiende que “se hace necesario buscar el encaje en esta norma para justificar un paquete de medidas para Canarias en tanto no se recupere la situación turística”.

Finalmente, en quinto lugar, se solicita la concesión de los aplazamientos de deudas tributarias durante un período de un año para todas aquellas empresas del sector alojativo que tengan expedientes abiertos de reclamación de deudas tributarias, nacionales o autonómicas, que no hayan podido retomar su actividad en un nivel equiparable a un porcentaje a determinar del ejercicio anterior.