La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de aceptar un recurso de queja de la Fiscalía de Fuerteventura contra la decisión de la Audiencia Provincial de archivar el caso La Pared, en el que está investigado el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, y el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara del año 2010, entre ellos la diputada autonómica Rosa Bella Cabrera.

El Supremo acepta el recurso de la fiscal Clara Serrano, especializada en Medio Ambiente, contra el sobreseimiento dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, y ahora deberá entrar en el fondo del asunto para resolver si Acosta y otros cinco acusados van a juicio.

Así se refleja en un auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, que considera que la decisión de la Audiencia Provincial es “susceptible de control casacional”. El Supremo corrige a la Audiencia, que rechazó tramitar el recurso de la Fiscalía.

Al hacerlo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas llegó a especular con el “previsible pronóstico adverso” sobre el “pretendido” recurso de casación, “si es que finalmente se plantea”.

Del archivo del caso La Pared en la Audiencia fue ponente el magistrado Pedro José Herrera Puentes, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias entre 2011 y 2015, en un departamento dirigido por el PSOE.

De esta manera, el Tribunal Supremo abre la puerta a la posibilidad de que se termine celebrando el juicio por un presunto delito de prevaricación urbanística. Todo parecía encaminado a ello hasta la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

En septiembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario abrió juicio oral contra Acosta y el resto de concejales que formaban la Junta de Gobierno de Pájara en enero de 2010: el exalcalde Rafael Perdomo, la parlamentaria Rosa Bella Cabrera, Jesús Manuel Umpiérrez, Ramón Cabrera y Antonio Jiménez.

Posteriormente, el pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial decretó el sobreseimiento provisional y, después no admitió el recurso de casación de la Fiscalía, que tuvo que recurrir al Supremo.

El Ministerio Fiscal ha pedido para los investigados, en el procedimiento judicial, una condena de tres años de prisión y nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.

Les acusa de conceder una licencia de ocupación en La Pared a pesar de que las obras de urbanización no estaban concluidas y de que tanto el informe jurídico como el del arquitecto municipal eran desfavorables.

Además, señala la fiscal, la Junta de Gobierno habría cambiado de criterio “sin justificación alguna”, ya que dos años antes había denegado ese permiso. Cuando se otorgó esa licencia de ocupación en la urbanización, el sector PERI-2 de La Pared, no existía sistema de depuración de aguas residuales, faltaba la pavimentación del acceso rodado, el alumbrado público y el acondicionamiento de la zona verde.

‘Palmaria ilegalidad’

La Audiencia Provincial consideró que “no hay base indiciaria solvente que avale un contenido incriminatorio contra los investigados”. En su auto, el magistrado Pedro Herrera consideraba que “el resultado es confuso y no cabe siquiera vislumbrar la existencia de una actuación administrativa injusta ni tampoco arbitraria que pueda tener encaje dentro de un ilícito penal”. Y por tanto, en su opinión, no habría delito.

La fiscal reitera que la licencia “es ilegal y no debió otorgarse en ningún caso”

En el recurso de queja, aceptado por el Supremo, la Fiscalía señala, cuestionando la argumentación de la Audiencia, que si no hay delito, lo que hace la Sección Primera no es dictar el sobreseimiento provisional, sino, en realidad, el sobreseimiento libre, lo que cerraría el caso de forma definitiva, si se confirmara, pero abre la puerta a que se pueda presentar un recurso de casación ante el Supremo, que es el siguiente paso.

Según señala el recurso de queja de la fiscal, la licencia y su votación favorable existieron y “la injusticia o arbitrariedad de una resolución administrativa no es una cuestión de hecho sino de Derecho”.

La fiscal considera que la Audiencia no afirmó que los acusados supieran o no que la licencia era irregular, “porque no puede, dado que nos encontramos ante, al menos, dos informes municipales desfavorables”, sino que la licencia no sería irregular.

Urbanización La Pared, en Pájara.

Para la Fiscalía, que el suelo de La Pared sobre el que se concedió la licencia no estaba urbanizado es un hecho que reconoce la propia Audiencia Provincial y, por tanto, “la conclusión jurídica solo puede ser una: la denegación de la licencia de primera ocupación”.

Señala la fiscal que “el argumento ofrecido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial no responde a criterio jurídico alguno y está totalmente fuera de contexto”. “Es palmaria la ilegalidad de la resolución partiendo de los propios hechos reconocidos en el auto recurrido”, concluye.

En cuanto al estado de la urbanización, según la Fiscalía, “estaba lejísimos de estar avanzada”. “No es que hubiera ciertas carencias secundarias (falta de plantación de árboles o cosas semejantes), sino que en el concreto polígono en el que se sitúa la parcela faltaban servicios básicos”, destaca en su recurso.

“Entre otros”, cita la falta de “pavimentación de acceso rodado (dicho de otra forma, las vías para circulación de vehículos eran de tierra, piedra o semejante)”, subraya que “no existían aceras” y que “tampoco estaba terminada la zona verde” ni había “alumbrado público”.

Sin “dudas”

“No alcanza a vislumbrar el Ministerio Fiscal cómo, dado el informe técnico parcialmente trascrito por la propia Sección Primera [en el auto de sobreseimiento], puede albergar dudas sobre la inexistencia de este sistema de depuración o sobre su trascendencia y necesidad o afirmar, de forma tan ligera, que las obras de urbanización estaban avanzadas”, recalca la fiscal Clara Serrano.

Para la Fiscalía, “no existe la confusa situación a la que alude la Sección Primera” de la Audiencia para tratar de justificar el archivo de la causa contra Blas Acosta, “sino todo lo contrario: la licencia de primera ocupación otorgada es ilegal y no debió darse en ningún caso, tal y como indicaron los técnicos de la Corporación en su informe técnico y jurídico desfavorable”.

“La Audiencia Provincial, Sección Primera, en su auto de sobreseimiento obvia, sin razón alguna para ello –apunta la fiscal- las normas de ordenación territorial y urbanística que impiden la concesión de licencias de primera ocupación sin urbanización completa y terminada del suelo”.

“Y desde luego”, añade la fiscal Serrano, “la argumentación ofrecida para afirmar que hay una confusa situación jurídica parte de una sesgada interpretación de un informe técnico y de una errónea interpretación de la significación jurídica de la cédula de habitabilidad, haciendo caso omiso del contenido real del informe técnico, del informe jurídico y de la multitud de informes técnicos y documental obrante en la causa”.

Todas esas pruebas, destaca la Fiscalía, “muestran que el sector PERI-2 La Pared fue objeto de la más absoluta dejación en su urbanización, que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara era perfectamente conocedora de esta situación y, en vez de cumplir sus obligaciones legales, supervisando la función urbanizadora y exigiendo el cumplimiento de las previsiones legales a la Junta de Compensación, toleró de forma continuada y sistemática esta situación, llegando al extremo de permitir la utilización de viviendas en un suelo no urbanizado, es decir, en barrios sin alumbrado público, sistema de saneamiento o pavimentación de calzadas entre otros aspectos”.