El Tribunal de Cuentas cifra en 303.410,30 euros el alcance ocasionado en el Ayuntamiento de La Oliva y declara como “responsable contable directo” al extesorero, José Hilarión Cabrera. Con esta sentencia finaliza el procedimiento de reintegro por alcance que se inició en el año 2018 y, a su vez, da pie a que se continúe con el procedimiento penal por estos mismos hechos, conocidos como ‘caso caja fuerte’, y con Cabrera como único investigado.

El departamento primero de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estimó las demandas interpuestas por el Ayuntamiento de La Oliva y por el Ministerio Fiscal. Condena a Cabrera a reintegrar al Ayuntamiento esta cantidad más los intereses desde que se produjeron los hechos y las costas del procedimiento.

La demanda se interpuso ante el Tribunal de Cuentas, con el extesorero y otros funcionarios y cargos públicos como responsables subsidiarios, que posteriormente han sido apartados del procedimiento.

Cabrera ocupó el cargo de tesorero accidental desde 1991 hasta mayo de 2017, pero también participaba en la elaboración de la contabilidad municipal realizando apuntes contables relativos a cobros y pagos, junto a la interventora Rita Darias, y a su vez era responsable de la cuenta 570 del Ayuntamiento.

Además, Cabrera tenía acceso al programa informático de contabilidad municipal, según señala el fallo en el apartado de hechos probados.

Después de la incorporación de un nuevo interventor municipal, en marzo de 2017, el entonces alcalde, Pedro Amador, ordenó al tesorero “depositar los fondos líquidos existentes en la caja municipal en la cuenta bancaria municipal” y hacer un informe “sobre el arqueo realizado” y que, en caso de existir discrepancias, explicase los motivos.

Tras esa orden, el extesorero causó baja médica. Ante la imposibilidad de localizarlo para que entregara la llave de la caja fuerte, el alcalde acabó ordenando que se abriera con una radial por parte de la Policía Local.

Hasta la llegada de ese interventor se seguían haciendo cobros en efectivo por parte del Ayuntamiento. Tras la apertura de la caja fuerte, donde se halló un efectivo de 10.168,76 euros, el interventor emitió un informe, en abril de 2017, en el que consideraba que el agujero existente, es decir, la diferencia entre el efectivo encontrado y el saldo contable, era de más de 800.000 euros.

La sentencia acredita que faltan más de 300.000 euros de las cuentas municipales

Dos años después, el departamento de Hacienda de La Oliva cifró ante el Tribunal de Cuentas esa cantidad en 619.000 euros tras un nuevo informe de Intervención. La diferencia, según señala la sentencia, estriba en la cuenta bancaria llamada “Caja número 2. Recaudación”. La cantidad de 193.968,82 euros “no reflejaba verdaderas entradas de efectivo monetario en las arcas municipales, sino que dicho saldo se debía a la contabilización errónea del anterior interventor municipal de las datas de recaudación”.

Por tanto, esa segunda cuenta no se debía valorar para calcular el alcance y sólo se tendría en cuenta la llamada “Caja 1. Corporación”. A su vez, el Tribunal, tras realizar los ajustes en la cuenta “Caja 1. Corporación”, concluye que “de los apuntes que no suponen verdaderos movimientos de efectivo, mediante la detracción y adición de las cantidades de abonos y cargos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 24 de marzo de 2017, se obtiene el saldo ajustado, el cual indica la cantidad en efectivo que debiera constar en la tesorería a fecha 24 de abril de 2017, día en que se produjo la apertura de la caja” y que asciende finalmente a 313.579,06 euros.

Vía penal

El pasado 17 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Puerto del Rosario emitió un auto por el que declara finalizada la instrucción e insta a las partes a que presenten sus escritos de acusación y de defensa. El Juzgado archiva la causa contra Rita Darias y continúa el procedimiento con el extesorero como único acusado por los delitos de malversación y prevaricación administrativa por el desfase de esos más de 300.000 euros que señala el Tribunal de Cuentas.

La instrucción de la causa penal finalizó en el año 2018, pero después la Audiencia Provincial de Las Palmas anuló el auto por el que se daba por finalizada. La Audiencia estimó un recurso de José Hilarión Cabrera y ordenó al Juzgado que delimitara con precisión los “hechos punibles”, así como quienes serían sus presuntos responsables. “No se trata de cuestionar los indicios”, decía la Audiencia, que consideraba “francamente insuficiente para ello la mera mención al desfase contable”.

El Juzgado reactiva la causa penal por delitos de malversación y prevaricación

El acusado, defendido por el letrado Ignacio Calatayud, presentó un recurso contra la decisión del Juzgado de Puerto del Rosario y pedía la nulidad de las actuaciones porque no se había practicado las diligencias acordadas por el propio Juzgado durante el procedimiento, entre otros motivos. Argumentaban que el Ayuntamiento no había remitido la documentación acordada y que ya se había revocado en una ocasión el auto de procedimiento abreviado por no haberse realizado esas diligencias.

El Consistorio indicó al Juzgado que no podía cumplir con esas exigencias porque la documentación original solicitada se había remitido al Tribunal de Cuentas. Antes de que se anulara el auto de pase a procedimiento abreviado, el Ayuntamiento de La Oliva presentó un escrito de acusación contra el extesorero en el que pedía ocho años de cárcel, 15 de inhabilitación y una indemnización de 619.469 euros.

Ahora deberá presentar de nuevo un escrito de acusación, al igual que el Ministerio Fiscal, como último paso para que se celebre el juicio.