España defiende ante la ONU que la superficie del país es casi el doble de la que consta actualmente, si a su territorio emergido se suman los cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental sumergida en el océano que considera que le pertenecen.

La "batalla" por esta "anexión" de territorio se libra tras años de expediciones y estudios por parte, entre otros, de expertos del Instituto Hidrográfico de la Marina, integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Flota de la Armada Española y con sede en Cádiz.

Y también de técnicos del Instituto Español de la Oceanografía y del Instituto Geológico y Minero de España, porque en esta "conquista" de territorio la única "artillería" que se precisa es la científica.

España no es el único país que se ha lanzado a reclamar su plataforma continental sumergida, ya que en la actualidad Naciones Unidas tiene sobre la mesa más de sesenta solicitudes de distintos países.

Estos procesos se iniciaron a raíz de que en los años 80 la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar incluyera en su artículo 76 que los países ribereños tenían derecho a reclamar una ampliación de las 200 millas náuticas que históricamente les corresponden desde su línea de costa como Zona Económica Exclusiva.

Esa ampliación se podía disputar "siempre y cuando se demostrase científica y técnicamente que el territorio sumergido es una prolongación natural del emergido", como explica a EFE el capitán Luis Miguel Rioja, que junto a Juan Luis Sánchez, ingeniero técnico de arsenales, y Eduardo Pol, cabo primero hidrógrafo, integra el equipo del Instituto Hidrográfico de la Marina implicado en este trabajo.

El artículo 77 precisaba que los derechos de un país sobre ese territorio, que podría extenderse hasta un límite de 150 millas náuticas más, serían de exploración, conservación y explotación del suelo y el subsuelo marino.

Por tanto, a diferencia de las primeras 200 millas náuticas que constituyen la Zona Económica Exclusiva, no se incluyen en esta extensión los derechos de explotación de los recursos del agua, como la pesca.

En 1999 la ONU publicó las guías técnicas que permitirían a los estados saber cómo se debía acreditar la superficie sumergida que quería reclamar y concedió un plazo de diez años para que presentaran sus solicitudes. Ante la cantidad de reclamaciones que se presentaron, tuvo que prorrogar el plazo.

Durante estos años España ha presentado tres solicitudes de ampliación de extensión.

Una de ellas, denominada FISU, es una superficie de 79.000 kilómetros cuadrados, que está aprobada desde el 2009 y que debe ser repartida entre los cuatro países que la comparten: España, Irlanda, Francia y Reino Unido.

En 2009 España presentó la propuesta para anexionarse entre 45.000 y 50.000 kilómetros cuadrados en la zona al norte de Galicia.

De esta superficie, Naciones Unidas ha preaprobado unos 20.000 kilómetros aproximadamente, incluido el monte de Finisterre.

Pero los expertos del Instituto Hidrográfico de la Marina creen que han reunido suficientes datos para acreditar la ampliación hasta los 45.000 o 50.000 kilómetros cuadrados.

El próximo mes de febrero, el equipo viajará a la sede en Nueva York de Naciones Unidas para defender esta plataforma continental, por lo que "dentro de uno o dos años lo podríamos tener aprobado".

En estudio también está la tercera solicitud de España, unos 296.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental sumergida que se extiende al oeste de Canarias y cuya reclamación se formalizó en 2014.

En suma, las tres solicitudes, equivaldrían casi a 500.000 kilómetros cuadrados, casi la misma superficie que España tiene emergida.

Por ahora, imposible de explotar

"Hoy en día es prácticamente imposible explotar nada a esas profundidades, ahora mismo es imposible", explica el capitán.

Se trata de un talud a entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad, en los que, por ejemplo, en el área de Galicia, se sospecha que podría haber gas.

Podría también haber yacimientos de manganeso o telurio u otros recursos, teniendo en cuenta que se estima que entre un 70 y un 80% de los océanos está sin explorar.

"Ahora todo está más enfocado a la conservación que a la explotación", afirma el capitán.

La UE, explica, dentro de su agenda de sostenibilidad 20/30, tiene como objetivo que al menos un 30% de las aguas de la UE sean protegidas, que no se puedan explotar. "Toda la superficie que se ganase quedarían seguramente dentro de la zona protegida, no se podrían explotar", estima.

"De hecho España, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021, no autoriza campañas ni para explorar ni para explotar".

Pero "eso no quita que tengamos los derechos, y que en un futuro se pueda explotar" este suelo y subsuelo marino, opina el capitán del IHM.

Una batalla sigilosa

La "batalla" por conquistar ese territorio sumergido es silenciosa, sigilosa y muy larga.

Como muestra, reunir los datos para convencer a las Naciones Unidas de que la plataforma continental del área de Galicia pertenece a España ha tomado dos campañas específicas a bordo del buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides' de la Armada, en 2005 y 2008, y recopilar datos de las campañas de Ministerio de Defensa en la Zona Económica Exclusiva en el 2001 y 2009.

"Se ha tardado ocho años en aglutinar todos los datos", explica el capitán, orgulloso de que en España toda la investigación "para reclamar algo que consideramos nuestro" se haya hecho con medios institucionales. "Hay países que no tienen estos recursos y tienen que contratar empresas".