La Senadora por Fuerteventura, Esther Hernández, ha presentado para su debate en pleno de la Cámara Alta una moción en la que insta al Gobierno de España a la modificación de la planta judicial en Fuerteventura para crear una sede en el sur de la isla concretamente en Gran Tarajal para "atender así una vieja demanda de los vecinos e instituciones del sur".

Hernández entiende que el Gobierno de España del PSOE debe responder a esta imperiosa necesidad de la isla de Fuerteventura donde "solo contamos con un único partido judicial y donde se ha registrado un aumento de la litigiosidad, con una carga de trabajo que está por encima de la media nacional, lo que provoca un atasco judicial y por ende un perjuicio para el desarrollo económico y social de la Isla".

En el año 2006, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que modificaba la planta judicial en Canarias y que posibilitaba la creación de un partido judicial para el sur de Fuerteventura. El Ministerio de Justicia llegó a anunciar que el partido judicial se iniciaría con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que daría cobertura a los municipios de Tuineje y Pájara. "Pero esto nunca se creó", denuncia Esther Hernández.

La senadora majorera espera contar con el respaldo de todos los grupos presentes en la Cámara Alta. "Es una reivindicación que hemos hecho todos y que había caído en el olvido", asegura. "Ahora es el momento de retomarla junto a la necesidad de seguir exigiendo más personal y medios para la isla de Fuerteventura".

Hernández recuerda en su moción que Canarias es la comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad de España con 164,5 casos por cada 1.000 habitantes según el Informe sobre la Situación de los órganos Judiciales del año 2017 difundido por la Sección de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial. "Por eso hay que fortalecer y seguir dotando de medios y recursos a los juzgados de la isla y acercarlos a la población", finaliza.

Hernández entiende que el Gobierno de España del PSOE debe responder a esta imperiosa necesidad de la isla de Fuerteventura donde "solo contamos con un único partido judicial y donde se ha registrado un aumento de la litigiosidad, con una carga de trabajo que está por encima de la media nacional, lo que provoca un atasco judicial y por ende un perjuicio para el desarrollo económico y social de la Isla".