El Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado la inmediata puesta en libertad de un adolescente senegalés que ha pasado 57 días en la prisión de Las Palmas II bajo la acusación de haber pilotado la patera en la que llegó a Canarias, tras comprobar que es menor.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez ha dictado esa orden al recibir los informes sobre las pruebas realizadas hace 24 horas por el Instituto de Medicina Legal a dos jóvenes de Senegal que desde que ingresaron prisión alegan que son menores de edad e, incluso, aportaron partidas de nacimiento de su país que indican que tienen 15 y 17 años, respectivamente.

Las pruebas de los forenses han corroborado la minoría de edad del primero de ellos, por lo que será puesto en manos de la Dirección General de Protección de la Infancia de Gobierno de Canarias -responsable de la tutela de los migrantes que llegan solos- y las acusaciones que se dirigen contra él pasarán al Juzgado de Menores.

Los dos chicos llegaron en patera el 16 de diciembre al muelle de Arguineguín, donde al más pequeño de ellos la Cruz Roja le colocó en la muñeca la pulsera naranja que sus voluntarios identifican en su primer triaje a aquellos que piensan que pueden ser menores, como acredita una foto de aquella noche publicada por la Cadena SER.

Seis días después, el 21, la Policía puso a ambos disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana como presuntos patrones de la patera y el magistrado que los interrogó decretó su ingreso en prisión y derivó su caso al Juzgado número 2, el que estaba de guardia la noche en la que llegaron a Gran Canaria.

No se sabe qué ocurrió con la pulsera de menor que le pusieron en el muelle Assame -el nombre supuesto que se ha atribuido al pequeño de los dos-, pero el TSJC asegura ninguno de los dos chicos dijo que fuera menor ni al declarar ante el juez, ni tampoco ante la Policía.

Sin embargo, la Justicia sabe al menos desde el 25 de enero que los dos chicos aseguran que son menores y que han aportado partidas de nacimiento que acreditan que tienen 15 y 17 años, respectivamente, unos documentos a los que no se ha dado validez en España por el momento, porque no tienen los sellos de verificación internacional.

Así consta en dos resoluciones con esa fecha del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 a las que ha tenido acceso EFE, dictadas tras una visita de la juez Carla Vallejo a la prisión en la que fue alertada por un voluntario de la Pastoral Penitenciaria de que podía haber dos menores en las celdas y en las que se ordena que se advierta con urgencia a la Fiscalía y al juez de caso.

Un día después, la fiscal de Extranjería de Las Palmas emitió un informe en el que se pedía que los dos chicos fuera valorados "a la mayor brevedad posible" por los forenses, tras reconocer que en las fotos que le había remitido de la juez de Vigilancia Penitenciaria, "ciertamente, (uno) tiene apariencia de menor de edad".

A pesar de ese procedimiento urgente y de ese informe de la Fiscalía planteando la posible minoría de edad de uno de ellos, los chicos han seguido tres semanas más en prisión, hasta que este jueves fueron llevados ante el Instituto de Medicina Legal, el mismo día en que se publicó su caso y el Diputado del Común de Canarias (el defensor del pueblo autonómico) exigió una comprobación urgente.

Fuentes de los colectivos sociales que trabajan en la asistencia a los inmigrantes en Canarias consultadas por EFE no se explican por qué, existiendo dudas, no se actuó con ellos al revés; es decir, por qué no se trató a ambos como menores, sin enviarlos a prisión hasta que las pruebas médicas determinaran si, como dicen sus documentos senegaleses, son menores o no lo son.

Esta situación se ha producido en un momento en el que el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a más de 5.500 menores no acompañados llegados en patera, una cantidad que desborda la capacidad de respuesta de varios servicios públicos, entre ellos los que encargados de determinar las edades de los chicos en caso de duda, como han advertido varias veces las autoridades autonómicas.