El Cabildo de Tenerife ha remitido a la Fiscalía un informe relativo a presuntas irregularidades detectadas en la concesión de “bajas incentivadas” a personal de las sociedades Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz desde 2012 hasta 2019.

En concreto, la documentación y los anexos elevados a la Fiscalía se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, “podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal”, que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones, ha informado este viernes el Cabildo tinerfeño.

Además, añade que algunos trabajadores llegaron a cobrar “una indemnización superior a su salario anual, excediendo, por tanto, la indemnización por despido objetivo” a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera una resolución judicial que obligara a ello.

Desde el momento en que el Cabildo de Tenerife tuvo constancia de este proceder ha informado a los órganos de gestión de las sociedades de Casinos de todos los pasos que se han dado para aclarar los hechos, señala la corporación insular en un comunicado.

Tal y como se detalla en el informe, en las cartas enviadas a cada uno de los trabajadores afectados las bajas estaban calificadas como “despidos disciplinarios”, lo que llevó a los trabajadores a recurrir la decisión de las sociedades, acudiendo al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SEMAC). En el SEMAC las sociedades reconocieron la improcedencia del despido y ofrecieron una indemnización a los trabajadores que en determinados casos, excedía a la correspondiente a un despido objetivo.

El informe destaca el hecho de que este “modus operandi” lo repiten varias decenas de trabajadores que fueron despedidos entre 2012 y 2019, muchos de ellos con edades cercanas a la jubilación que en ningún caso recurrieron a los juzgados para obtener su indemnización.

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, señala que ya en las últimas auditorías realizadas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención detectó diversas irregularidades en los entes dependientes que afectaban a la contratación de personal, a los contratos con terceros y a la gestión económica y financiera.

Para contrarrestar esta situación, el Cabildo de Tenerife afirma que ha promovido durante este mandato la elaboración de instrucciones y procedimientos internos específicos para garantizar que en los diferentes entes públicos se cumple con normas básicas como son la Ley de Contratos Públicos (CSP), el estatuto Básico del Empleado Público y la ley General de subvenciones.