El administrador único de RTVC, Francisco Moreno, ha achacado a la inseguridad económica, pero sobre todo a la inseguridad jurídica, a que ninguna empresa se presentara al concurso para las instalaciones y equipos de la televisión autonómica, una inseguridad derivada de la falta de mandato marco parlamentario sobre qué modelo adoptará el servicio televisivo.

Moreno compareció a petición propia en la comisión parlamentaria de control de RTVC para explicar el “fracaso” de este concurso de 54 millones de euros, y la oposición achacó la ausencia de mandato marco a la falta de acuerdo en el pacto de Gobierno sobre si el modelo de gestión de RTVC debe ser público o público privado.

El administrador único asumió su parte de responsabilidad en la falta de concurrencia al concurso porque la redacción de las bases son cometido suyo, pero insistió en que el problema de fondo es político, puesto que, si el Parlamento no toma decisiones sobre el mandato marco y el modelo de gestión, “el reloj está parado”.

La verdadera inseguridad jurídica radicaba en la cláusula de desistimiento, por el que la administración podía desistir de la adjudicación si el Parlamento aprobara un modelo de gestión público, lo que llevaría a una gran litigiosidad en torno a la indemnización que correspondería a la empresa adjudicataria, a la que se le piden inversiones de 30 millones de euros.

Para mitigar esa prevención de las empresas que podrían optar al concurso, en el nuevo se han excluido las instalaciones, que las alquilará directamente RTVC, así como el coste energético, que dada la variabilidad del precio de la electricidad asumirá directamente el ente.

Yolanda Mendoza, del PSOE, reclamó “que nadie señale a la mayoría actual” por la falta de modelo de televisión, porque la falta de mandato marco “no es una cuestión de esta legislatura”, sino que es un asunto pendiente desde 2014.

Y añadió que si RTVC sigue regida por un administrador único y sin Junta de Control es por la falta de voluntad de consenso para el nombramiento de los órganos de control.

José Alberto Díaz-Estébanez, de CC-PNC, respondió que la falta de consenso sobre la Junta de Control responde exclusivamente a que el PSOE, por indicación del administrador único, cuestionó a uno de los candidatos de su grupo, rompiendo el compromiso de que cada cual respetara a los representantes propuestos por el otro.

Agregó que si no hay mandato marco no es responsabilidad del Parlamento, sino de quien tiene la mayoría parlamentaria para solucionarlo, y no de quien está en minoría.

La diputada del PP Luz Reverón afirmó que la única responsabilidad de su partido es haber confiado en el compromiso del PSOE de que se nombraría una Junta de Control.

Denunció que finalmente la falta de normalización en el ente lleva a chapuzas jurídicas como el concurso que ha quedado desierto, que ahora se podrá volver a convocar tras la aprobación en el Parlamento de un nuevo decreto que abunda en la misma chapuza jurídica.

Esther González, de Nueva Canarias, admitió que ahora “toca empezar de nuevo” tras haber quedado desierto el concurso por falta de concurrentes y consideró que la decisión de excluir del mismo las instalaciones que albergarán la RTVC será positivo a la hora de que las empresas perciban más seguridad jurídica y menos posibilidades de litigiosidad.

Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, también consideró positivo que sea la propia RTVC la que alquile con opción de compra las instalaciones porque así se avanza por la vía de los hechos hacia la construcción de un modelo de gestión público, como defiende su partido.

Jesús Ramos, de ASG, apeló a la responsabilidad y coherencia de los grupos parlamentarios para que se apruebe cuanto antes el mandato marco y confió en que con el nuevo decreto para la convocatoria de los equipos técnicos esta salga adelante.

“No se avanza porque el pacto de las flores no se pone de acuerdo”, puso de relieve la diputada del grupo Mixto Vidina Espino: Sí Podemos defiende el modelo público, Nueva Canarias el público-privado, el PSOE “depende del día” y ASG “no sabe, no contesta”, manifestó la parlamentaria, quien accedió a la Cámara con Ciudadanos pero actualmente colabora con Coalición Canaria.

Espino adelantó que planteará en la Junta de Portavoces del 18 de abril que, una vez que ya se dispone del informe de la Audiencia de Cuentas sobre las implicaciones de costes de cada opción, se convoque con carácter inmediato la ponencia para la definición del modelo de gestión de RTVC, con lo cual los partidos del pacto “tendrán que retratarse”.