El Gobierno de Canarias y las principales entidades que colaboran en la gestión migratoria en las islas continúan la agenda de trabajo para garantizar la atención de los más de 5.500 menores no acompañados que permanecen en la red de recursos de acogida de la Comunidad Autónoma y para hacer frente a las previsiones del repunte migratorio que podría registrarse en las próximas semanas coincidiendo con el cambio de las condiciones climatológicas.

Este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvía a convocar a los responsables de la ongs y organismos internaciones en Madrid para trasladarles las medidas extraordinarias aprobadas este mismo lunes por el Consejo de Gobierno y refrendadas por el Pacto Canario por la Inmigración.

Durante el encuentro, en el que también intervino la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el presidente trasladó el procedimiento para integrar a los niños y niñas que llegan a las islas y que pasa por “la autorización del Gobierno de Canarias una vez cumplimentado por parte del Estado el protocolo de entrega del menor aprobado en 2014”.

El presidente de Canarias insistió en que “al final ha ocurrido lo que advertimos y hemos llegado a septiembre sin un avance que permita garantizar una respuesta digna a los niños y niñas que permanecen en acogida ni acoger a más niños”.

En este contexto, tanto jefe del Ejecutivo canario como responsables de las ongs coincidieron en la situación de “colapso” de los centros en el archipiélago. Concretamente, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, que la rapidez con la que están llegando más niños y niñas no acompañados a Canarias en los últimos días imposibilita nuevas acogidas “porque las islas no tienen más capacidad para atender” y subrayó que “estamos buscando la manera de encontrar soluciones inmediatas que pasan por compartir de manera obligatoria la responsabilidad de atender a estos niños y niñas con la financiación suficiente y celeridad” por la situación de emergencia que atraviesa el Archipiélago.

Precisamente, el director general de Save de Children en España, Andrés Conde, también apuntó a los traslados de los menores a otros territorios de la Península y una gestión corresponsable como única vía porque “no existen infraestructuras de acogida suficientes en las islas y ya se están utilizado todos los recursos disponibles”. Para Conde sí existen alternativas porque “si fuimos capaces de integrar a 150.000 ciudadanos de Ucrania que llegaron tras la guerra en su país cómo no vamos a ser posibles de integrar a 5.500 que en este momento se encuentran en Canarias” y apeló a la “voluntad política”.

En este punto, el presidente Clavijo urgió al Gobierno del Estado que, recordó, “tiene la capacidad de decidir y la responsabilidad como Gobierno de buscar una salida a la emergencia en Canarias” a convocar a una reunión urgente con el Partido Popular, principal partido de la oposición. El líder del Ejecutivo canario aseguró no entender la “batalla política” cuando lo que estamos pidiendo es que “se le dé una respuesta humana a unos niños y niñas que vienen absolutamente rotos después de una travesía brutal y cuando este país ha dado respuestas humanitarias acogiendo a ciudadanos de Ucrania y de Afganistán”.

El presidente de Canarias valoró el anuncio de ayuda hecho hoy mismo por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero reconoció “no haber recibido ninguna llamada del Gobierno del Estado desde el pasado lunes”. No obstante, si reconoció que la situación ahora mismo es preocupante después de que en la semana pasada “llegaran dos mil personas más, que en el mes de agosto lo hicieran 547 y que las previsiones apunten una mejora del tiempo y nuevas llegadas de embarcaciones cuando tenemos los dispositivos al 200% de su capacidad de acogida”. Precisamente, se refirió a los últimos menores llegados a El Hierro y que permanecen bajo la guardia provisional del Estado porque “no tenemos plazas”.

Asimismo, el presidente Clavijo reconoció estar sorprendido por la confirmación de Frontex de no haber recibido ninguna petición de España para desplegar sus recursos que consideró “vitales no solo para ayudar en la gestión de la emergencia sino para salvar vidas”.

El jefe del Ejecutivo canario abordó con los responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, la Asociación Convive Fundación CEPAIM, Amnistía Internacional y la Asociación ACCEM el resto de medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias incluida el encargo a los Servicios Jurídicos de adoptar medidas judiciales contra el Estado con el “fin de hacer prevalecer el interés superior y el derecho del menor, de los profesionales que se están dejando la piel en esta emergencia y de la propia Comunidad Autónoma”.

No obstante, abogó por “la búsqueda de acuerdos” y volvió a “tender la mano del Gobierno de Canarias porque no me puedo creer -aseveró- que el Estado sea incapaz de sentarse a pactar una modificación legislativa que impida que ocurra en Canarias lo que va a ocurrir si no se adopta ninguna medida”.