Los inspectores de pesca marítima, encargados de controlar que las actividades pesqueras se llevan a cabo acorde a la normativa y evitar las descargas ilegales, celebrarán una nueva jornada de huelga general en todos los puertos pesqueros este martes, 4 de junio.

La movilización es una protesta "contra la hipocresía" del Gobierno central, que anuncia "con orgullo" su anteproyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca, para reforzar la figura de los inspectores con el fin de frenar el flujo de capturas ilegales.

Pero, al mismo tiempo, se niega a reconocer la necesidad de un servicio de inspección dinámico que pueda actuar ante un posible incumplimiento de la normativa, denuncia el colectivo en un comunicado.

Los inspectores de pesca del Estado en Canarias, con el apoyo de la Federación se Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, retoman la iniciativa de huelga que se había dejado en suspenso tras la finalización de las negociaciones de forma unilateral por parte de los ministerios de Agricultura y Pesca, y de Política Territorial a mediados de 2023, que "cerraron en falso el grave problema que sufre la Inspección de Pesca en España".

El colectivo se ha mantenido a la espera del nombramiento del nuevo Gobierno en noviembre del 2023 y, posteriormente, del de la nueva directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Aurora de Blas Carbonero, en diciembre.

Desde ese momento, indica que ha aguardado algún gesto por parte de la Administración para retomar las negociaciones y resolver los conflictos pendientes del conjunto de inspectores/as de pesca.

Entre las mejoras que reivindican destacan la evaluación de riesgos laborales por personal especializado y la no supresión del curso en el que se imparten los protocolos de acceso a un buque en alta mar en movimiento desde una embarcación de inspección.

Según los inspectores, ese es el momento más peligroso de una inspección en el mar y ha sido causa de varios accidentes en los últimos años, tal y como señalan los informes que analizan las causas de esos accidentes.

Asimismo, reclaman posibilidades de promoción profesional para los inspectores de nuevo ingreso y para la mayoría de los antiguos, así como la remuneración de la disponibilidad intrínseca al puesto incluida a través del complemento específico.

También piden la recuperación de la cuantía de las bolsas de productividad que pagaban el trabajo fuera del horario habitual de la plantilla, cuyo importe se ha reducido en torno a un 70% en el caso de Servicios Centrales y en un 50% en el caso de los inspectores e inspectoras que pertenecen a Política Territorial desde 2010.

Además, pide que se analice el motivo por el cual la media de permanencia en el puesto de inspector de pesca es de unos cinco años.

La falta de unas condiciones aceptables, la peligrosidad, la falta de formación, la falta de valoración y la dejadez a la que se ve sometido este colectivo hace imposible el consolidar un grupo con conocimientos sobre la normativa y con experiencia para llevar a cabo la importante labor de control e inspección, denuncia.

La huelga convocada hace un año fue secundada por el 85% de la plantilla, lo que muestra, según los inspectores, el descontento de la casi totalidad del colectivo ante el "continuo maltrato" de ambos ministerios.