El Ministerio del Interior expulsó la noche de este jueves a Marruecos, desde Gran Canaria, a un ciudadano de Costa de Marfil que llegó en patera hace dos meses, poco antes de que un juez ordenara de forma cautelar que se abstuviera de ejecutar esa medida hasta analizar su caso.

Según han denunciado Caminando Fronteras y la Coordinadora de Barrios, L.S., de 23 años, estaba detenido en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, y este jueves fue entregado en Casablanca a las autoridades marroquíes sobre las 22:30 hora canaria sin permitirle hablar antes con la abogada que había designado en su defensa.

Según un auto al que ha tenido acceso Efe, dos horas y media antes el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria había ordenado a la dirección del CIE y a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que se abstuvieran de expulsar a L.S. hasta estudiar las alegaciones del afectado. La propia resolución remarca la hora a la que fue dictada, por su premura: las 20:00.

En funciones de guardia, ese juzgado suspendía así de forma cautelar y por razones de urgencia la expulsión de L.S. y ordenaba que tanto su defensa, como la representación de la Subdelegación del Gobierno comparecieran ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad al que, por turno, le correspondiera examinar el caso.

Fuentes judiciales han precisado a Efe que el magistrado que emitió el auto ha sido informado de que, cuando dispuso la medida cautelar, el vuelo de deportación ya había despegado.

Caminando Fronteras y la Coordinadora de Barrios denuncian que la abogada que L.S. había designado para su defensa intentó entrevistarse con él el miércoles 7 y el jueves 8 pero la dirección del CIE de Barranco Seco no se lo permitió.

Sostienen, además, que "no consta que el Gobierno español haya cumplimentado ninguno de los trámites previstos en el Acuerdo Bilateral con Marruecos", por el que se ha dado cauce a la expulsión, y resaltan que "el señor L.S. no fue informado hasta 24 horas antes de que iba a ser devuelto a un país que no es el suyo".

Estas dos ONG reproducen en su comunicado unas declaraciones del afectado, en las que explica: "La Policía me informó de que no podían enviarme a mi país y que la Embajada de Costa de Marfil aceptaba mi expulsión a Marruecos. Pude ver el billete que había encima de la mesa y ponía Casablanca. Tengo miedo, Marruecos no es un país seguro para nosotros los subsaharianos".

Caminando Fronteras y la Coordinadora de Barrios consideran que a L.S. se le ha privado de "su derecho a ser representado en tiempo y forma por la letrada por él mismo designada", con perjuicio para la defensa de sus "intereses legítimos", y advierten de que su integridad física puede verse en peligro en Marruecos.

"El señor L.S. forma parte de un grupo sistemáticamente expuesto a una práctica de tratos inhumanos y degradantes en Marruecos por parte de las autoridades de dicho país, lo que supone la violación del artículo 3 del CEDH (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos). Las investigaciones realizadas durante los últimos años constatan que aunque Marruecos es signatario de Tratados Internacionales, en la práctica los derechos fundamentales no son protegidos, siendo la situación de las personas migrantes subsaharianas de especial preocupación", aseguran.

Desde su punto de vista, "los derechos humanos en Canarias se han convertido en moneda de cambio de los intereses geoestratégicos de la región, en concreto del Reino de Marruecos".

"Prácticas como estas suponen una injerencia en la democracia de la Comunidad Canaria y abren un precedente muy grave en las relaciones bilaterales hispano-marroquíes", opinan.