Intersindical Canaria (IC) ha pedido que, con carácter inmediato y de forma cautelar, se asuman responsabilidades políticas por el llamado caso mascarillas.

En un comunicado, critica que "no se ven ni por asomo la relación de ceses y dimisiones en serie que ya deberían haber empezado a producirse, de aquellos que, con dinero del común, buscan y posibilitan el lucro a partir de una emergencia sanitaria".

Intersindical Canaria se refiere a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia de Covid-19.

Según el sindicato, las últimas noticias hablan de la autorización de compra vía WhatsApp y, a modo de resumen, se pagaron a una empresa localizada en Etiopía 2,65 millones de euros, y el resto fue destinado a comisiones.

La mercancía se retrasó más de un año, y cuando llegó en marzo de 2021 al aeropuerto de Gran Canaria se comprobó que eran falsas y, dice el sindicato, la empresa adjudicataria procedió, "sospechosa e incomprensiblemente", a su destrucción.

"En un inequívoco intento de ocultar este fraude, ni la Consejería ni el Gobierno canario dieron información alguna a la opinión pública", lamenta.

Advierte de que esta forma de actuar, "más propia de fulleros que de un pretendido gobierno del cambio, nos da una idea de en las manos que estamos los canarios, tanto en el ámbito de la gestión asistencial como pública".

Para Intersindical Canaria, esos cuatro millones de euros, ahora perdidos, pudieran estar siendo empleados en dar cobertura a las graves carencias asistenciales que sufre el Hospital Universitario de Canarias o en mejorar la situación del Servicio de Urgencias del Hospital Insular, por ejemplo.

Pero no se trata de un caso aislado, según el sindicato, pues, añade, precisamente, en el día de hoy, la Audiencia de Cuentas ve indicios de responsabilidad contable en Sanidad y alerta que el Servicio Canario de Salud dio luz verde a un gasto de 41,76 millones de euros sin autorización del Gobierno.