La llegada a Canarias de 571 menores en cayuco solo en agosto ha elevado aún más la presión sobre la red de acogida de esta comunidad, desbordada desde hace meses, y ha provocado algunos momentos de tensión este fin de semana en El Hierro, isla que prácticamente recibe embarcaciones a diario.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, se refería a ello en una entrevista en Canarias Radio con estas palabras: "Este fin de semana ha habido un antes y un después, con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención".

Fuentes institucionales implicadas en la tutela de los menores han explicado a EFE que la situación que relata Clavijo tiene su origen en una red que lleva meses trabajando en situación de emergencia y que en el último mes ha recibido casi 600 menores, muchos de ellos concentrados en la última semana y en El Hierro.

En ese contexto, una entidad social que gestiona para el Gobierno de Canarias la primera acogida a los menores en El Hierro intentó hacer ver a la Policía que no tenía capacidad en ese momento para cuidar de nadie más, lo que dio lugar a un intercambio de pareceres que no ha gustado a los responsables de la comunidad autónoma.

Y algo similar sucedió en La Gomera, isla con muy pocas llegadas, pero que el viernes recibió un cayuco con 140 personas, varias de ellas menores a las que también se buscó un recurso humanitario.

Consultada por EFE, la Delegación del Gobierno en Canarias ha declinado hacer ningún tipo de comentario sobre lo ocurrido o sobre las palabras del presidente Clavijo.

Solo han recordado que la tutela de los menores que llegan en pateras y cayucos compete a la comunidad autónoma.

En estos momentos, el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela 5.283 menores inmigrantes, una cifra que ha ido oscilando en los últimos meses entre los 5.000 y 6.000, tanto por las entradas de nuevos niños y adolescentes como por las salida de aquellos que han cumplido los 18 y también, aunque en menor medida, de los que han sido trasladados a otras comunidades autónomas siguiendo los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Infancia.