La Agencia Tributaria Canaria viene realizando “todas las actuaciones posibles” que tiene en su mano en relación con el expediente de reintegro de los cuatro millones de euros que pagó el Servicio Canario de la Salud (SCS) a la empresa RR7 por un millón de mascarillas que nunca recibió.

Así lo ha asegurado su presidenta, Raquel Peligero, en la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en la peor fase de la pandemia, en la que no ha dado detalles sobre el expediente ni ha aclarado si se ha podido recuperar parte de esos cuatro millones.

Se ha excusado en el deber de confidencialidad de la información que maneja la Agencia Tributaria Canaria, y sobre la excepción prevista en la ley de facilitarla a las comisiones de investigación ha recordado que existen «requisitos y limitaciones», por ejemplo que ha de referirse a personas que desempeñan o desempeñaron funciones como altos cargos.

Ni siquiera ha dicho cuándo se inició el expediente de reintegro, lo cual ha juzgado “casi ridículo” el diputado del grupo Nacionalista José Alberto Díaz Estébanez cuando ese dato lo ha podido recabar del SCS: en octubre de 2022.

Ante la insistencia de los diputados en preguntarle si se ha podido recuperar parte de esos 4 millones abonados a RR7, la directora de la Agencia Tributaria Canaria ha asegurado: “Estamos haciendo todas las actuaciones en nuestra mano para poder culminar el expediente lo más satisfactoriamente para todos”.

Ha dicho desconocer que el Tribunal de Cuentas archivó provisionalmente sus diligencias mientras esté abierto este expediente de reintegro, y preguntada por si existe el riesgo de que prescriba el mismo ha contestado que eso “no se lo puede permitir” la Agencia Tributaria con todos aquellos “de cierto calado”.

Técnicamente, un expediente de reintegro prescribiría si en el plazo de cuatro años la Agencia no realiza ninguna actuación tendente al cobro de lo adeudado, ha explicado su presidenta, quien se ha resistido a hablar de plazos.

Ha advertido de que los procedimientos de recaudación son largos, sobre todo en fase de investigación patrimonial, y de que “hay auténticos maestros en la ocultación de patrimonio y alzamiento de bienes… y luego están las herramientas jurídicas que nos proporciona la ley”, ha analizado.

Ha abundado en que en este tipo de investigaciones se intenta destapar “entramados societarios o de personas físicas” y dilucidar si hay responsabilidades de los administradores o de quienes hayan colaborado en la comisión de una infracción tributaria, o quienes hayan participado en la ocultación de bienes o el vaciamiento de sociedades.

“Hay que pedir requerimientos de información al registro mercantil, a personas físicas o jurídicas… es un trabajo de investigación complejo”, ha reiterado.

La directora de la Agencia Tributaria Canaria ha explicado que un procedimiento de reintegro no concluye hasta que se realizan todas las actuaciones recaudatorias con el deudor principal y el resto de deudores solidarios o subsidiarios, y que éste puede acabar en la recuperación de todo el dinero, de parte del mismo o en la declaración de crédito incobrable.

También ha detallado que la Agencia no realiza investigaciones “de forma arbitraria” sino que se rige por un plan de control anual en el que se intenta variar de sectores, además del canal de denuncias públicas que puede dar lugar al inicio de pesquisas al año siguiente.

Preguntada por la mecánica habitual de la contratación pública y los requisitos habitualmente exigidos, como la solvencia económica y técnica de las empresas, ha dicho que existe “una máxima: no se paga nada que no ha sido recibido”. Ahora bien, ha subrayado que los peores meses de la pandemia “fueron muy complicados”.

“Había que estar en ese momento, aquello era una auténtica hecatombe. Ya se nos ha olvidado. Era una época caótica. ¿Que había que agilizar la contratación? desde un punto de vista personal creo había que hacer algo. A toro pasado es más fácil valorarlo”, ha reflexionado.

Fernando Enseñat (PP) y José Alberto Díaz Estébanez han coincidido en destacar la importancia de la comisión de investigación, que entra en su “fase más importante”, con las comparecencias programadas de altos cargos de la anterior administración, y que ya ha servido para constatar “tratos de favor” a determinadas empresas y, “como mínimo, anomalías en la contratación”.

El diputado socialista Manuel Hernández Cerezo ha criticado que los “monólogos con relatos paralelos” se sigan escuchando en la comisión de investigación por representantes de partidos que tienen “el cuajo” de pronunciar discursos contra la corrupción.