La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra del lunes al miércoles de la próxima semana la pieza del caso Montecarlo que afecta al Ayuntamiento de La Oliva. El principal acusado es el antiguo interventor de La Oliva, Carlos Sáenz, para el que la Fiscalía pide una condena de ocho años de prisión.

Sáenz, que también era interventor en los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, se encuentra cumpliendo condena en el centro penitenciario de Tahíche por el conocido como caso Proselan, una de las piezas del caso Unión.

En el caso Proselan, Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años, seis meses y un día de cárcel por el desfalco en el Ayuntamiento de Arrecife de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan en concepto de trabajos de electricidad que no se llevaron a cabo.

En la pieza del caso Montecarlo relacionada con La Oliva, cuyo juicio celebra la próxima semana la Audiencia Provincial, el fiscal pide ocho años de cárcel para el exinterventor por tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La Fiscalía también solicita seis años para el empresario José Vicente Montesinos. Por último, la Fiscalía solicita para el exconcejal de Hacienda, Guillermo Morera Santana, diez años de inhabilitación como cargo público por prevaricación.

Según señala el escrito de Fiscalía, el entonces interventor convenció en el año 2005 al empresario Montesinos para que se convirtiera en administrador único de la empresa Tributos La Oliva, cuyo propietario era un 'hombre de paja' de Sáenz.

La empresa, que no tenía ninguna otra actividad, asumió en marzo de 2006 la recaudación municipal "subrogándose ilegalmente" la posición de la empresa Gestributos, que era la encargada hasta entonces. Quien autorizó esa subrogación, que contravenía la Ley de contratos, fue el entonces concejal Morera Santana.

Tributos La Oliva gestionó la recaudación hasta diciembre de 2008 y obtenía como beneficio el diez por ciento de lo que recaudaba. La acusación sostiene que el interventor exigía a Montesinos cantidades de dinero de forma regular, aunque no ha podido concretar todas las cantidades porque se habría entregado en efectivo.

Según destaca la Fiscalía, sí hay pruebas de un ingreso de 3.000 euros por parte de Montesinos en la cuenta bancaria de Sáenz, y del regalo de un Volvo que pertenecía a la empresa, así como del pago de diversos billetes de barco.

La Fiscalía pide, por otra parte, que se archive la causa de forma provisional contra el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, "toda vez que no resulta suficientemente justificada la perpetración del delito".