La Audiencia de Las Palmas ha iniciado este miércoles un juicio contra un traficante de droga, ya condenado varias veces por ese delito, y a seis familiares suyos y un conocido a los que se acusa de blanquear 1,5 millones de euros procedente de la venta de estupefacientes entre los años 1992 y 2006.

Los ocho acusados se sientan en el banquillo tras una “instrucción muy compleja” que se inició en 2006, debido al número de inculpados y al amplio patrimonio investigado: varias fincas en Gran Canaria y Andalucía, locales, vehículos y más de una veintena de caballos árabes y de pura raza española, así como cuentas corrientes y las dos empresas del principal acusado, ha señalado el fiscal Ricardo Mosteyrin.

Todos los procesados han negado los hechos que se les imputan en la primera sesión del juicio y declararán este jueves, tras la prueba pericial.

En esta causa se enfrentan a penas de cuatro años y medio y seis años de cárcel, así como a multas que ascienden al triple del dinero supuestamente blanqueado, 4,6 millones de euros, en el caso del cabecilla de esta presunta trama, el narcotraficante José Manuel G.M..

El resto de imputados (su mujer, los cuatro hijos del matrimonio, una hermana del acusado y un conocido) se exponen a multas de entre 800.997 euros y 174.293 euros, según el escrito del Ministerio Fiscal.

Según ha manifestado el agente que fue jefe del grupo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuando se investigaron los hechos, el origen del dinero para la adquisición de todo los bienes analizados en un informe que comenzó en 2007 y concluyó en 2013, “sólo puede ser del narcotráfico”, ya que “no hay justificación mercantil” de su origen.

Ha indicado que a esa conclusión llega tras analizar documentación del Registro de la Propiedad, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de las testificales que fueron recabando.

El entonces jefe de la UDEF ha explicado cómo se fueron adquiriendo las distintas propiedades cuya compra negociaba el principal acusado, que después las ponía a nombre de su familia, los pagos de grandes cantidades de dinero en efectivo, y el modo de proceder para lograr estas operaciones.

Además, ha afirmado que el dinero para adquirir esas propiedades no podía proceder de las dos empresas que poseía, un taller de reparación y lavado de vehículos en Las Palmas den Gran Canaria, y otra dedicada a la compraventa de vehículos en Sevilla.

Otro de los policías que investigó también el caso ha declarado también que el informe sobre el blanqueo de capitales analizó la evolución del patrimonio del traficante de droga y ha afirmado que era “bastante elevado” para el perfil que presentaba, pues solo disponía de dos empresas mercantiles, que incluso en varios años dieron pérdidas y aparentemente tenían poca actividad, y la compraventa de vehículos de forma autónoma, ha añadido otro agente que ha testificado.

Este tercer ha abundado en que por la documentación analizaba no parece que se pueda justificar la adquisición de ese patrimonio por el volumen de vehículos y por la actividad de las dos empresas, si bien ha apuntado desconocer si el dinero podría proceder de beneficios no declarados a Hacienda, a preguntas de la un abogado de la defensa.

En esta sesión ha declarado también un testigo que compró un local al principal acusado y otro propuesto por la defensa, un auxiliar administrativo del taller de lavados de coches.

El auxiliar administrativo ha dicho que estuvo empleado once años en las empresa, hasta 2002, y que eran ente 20 y 25 trabajadores, así como que generaba beneficios, sobre todo el lavado de vehículos y que también contaba con un bazar y una cafetería.

El juicio continuará este jueves con la prueba pericial y la declaración de los procesados.