Carmen Fernández tiene 59 años. Trabaja desde los 13. Primero en la economía sumergida y desde hace 18 años con contratos de trabajo. Jamás se ha cogido una baja laboral a pesar de cargar una mochila con varias enfermedades y entradas a quirófanos. En agosto del año pasado se tuvo que someter a una reducción de estómago. No le quedó más remedio que solicitar la baja. Desde entonces, espera cobrar la prestación. Lleva un año sin ver un duro a pesar de haber entregado varias veces toda la documentación requerida a la Seguridad Social.

Carmen tiene cita a las 11:30 horas en la oficina de la Seguridad Social en Puerto del Rosario. En el último año ha ido varias veces. También ha enviado varias veces la información requerida por correo electrónico, pero sigue sin ver ningún ingreso en su cuenta. Irá a la desesperada a ver si, de una vez, le solucionan la situación.

Tras un año de baja sin recibir ningún tipo de prestación, la mujer ve cómo su economía se ahoga. Ha tenido que pedir ayuda a familia y amigos para hacer frente a los pagos que el hogar genera a diario. En julio de 2020, Carmen comenzó a trabajar en la tabacalera de su hijo. Estuvo algo más de un año hasta que el 16 de agosto tuvo que pasar por los quirófanos del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para someterse a una reducción de estómago. El motivo no era el sobrepeso, apenas pesaba 60 kilos, sino una medida para que tuviera mejor calidad de vida porque no podía caminar, hacer esfuerzos, ni coger peso.

“Los médicos pensaron que haciéndome la reducción de estómago podría ir hacia adelante, pero he ido hacia atrás”, explica. Carmen ha tenido todo este tiempo una salud cogida con alfileres. Se ha enfrentado a un cáncer de útero, la pérdida de un riñón, una intervención quirúrgica de vesícula, varias operaciones de vértebras... Ha perdido la cuenta de cuántas veces ha entrado a los quirófanos. La última fue el 16 de agosto de 2021 para la reducción de estómago.

Tras dos semanas ingresada, regresó a Fuerteventura. Los médicos le dijeron que no quedaba otra opción sino la de pedir la baja médica. A pesar de sumar enfermedades y operaciones, siempre se había negado a pedir la baja. Ahora no le quedó más remedio y empezó a preparar los papeles. En septiembre del año pasado, comenzó los trámites para el pago directo de la prestación de incapacidad temporal, ya que la empresa en la que trabajaba era pequeña y no podía hacer frente a sobrecostes.

Llegó enero y seguía sin recibir respuesta. Ese mes la gestoría inició nuevamente el trámite de pago directo de la prestación. En abril lo intentaron a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero siguió sin respuesta. A principios de julio, presentaron otra solicitud de la que no recibió respuesta hasta agosto, que fue cuando recibió un correo electrónico.

En septiembre, le llegó una carta en la que se le informaba que como no se había atendido el requerimiento de agosto le cerraban el expediente de solicitud del pago directo de la prestación. A finales de este mes se atendió al último requerimiento. El 28 de septiembre le dijeron en la Seguridad Social que no había nada presentado.

Carmen escuchó la respuesta con los números de registro de toda la documentación presentada delante. A la desesperada, llamó hace unas semanas al Instituto Nacional de la Seguridad Social en Gran Canaria. Al otro lado del teléfono le atendió un hombre. “Le di mis datos y me dicen que no hay nada. Me dijeron que no figuraba en ningún sitio porque no había ningún papel, a pesar de que la gestoría los ha ido entregando a la oficina de Puerto del Rosario”, explica.

Carmen guarda en una funda toda la documentación enviada acompañada de los justificantes de envío. Sin embargo, nadie sabe darle una respuesta. En alguna ocasión, asegura que ha tenido que escuchar en las oficinas de Puerto del Rosario que envíe de nuevo los papeles “porque se han perdido”.

Al peso de la enfermedad se suma la incertidumbre diaria de cómo llegar a fin de mes. Después de un año sin recibir ningún tipo de ayudas, asegura que ha empezado a sumar deudas. Debe 300 euros de facturas de luz y también recibos de agua. “Cualquier día me la cortan”, dice con preocupación.

Carmen tiene cuatro hijos. Los mayores viven fuera. Con ella dos hijas, una con síndrome de Down. Ayuda familiar “Gracias a mis hijos mayores y amigos salgo adelante. Uno me paga la hipoteca, otra me ayuda con los recibos. Incluso, una vecina me da comida cuando cocina algo que sabe que les gusta a mis hijas. A mí me da igual no comer, pero a mis hijas no las puedo dejar sin comer”, insiste. Y añade: “Mis hijos tienen su vida y no puedo estar dependiendo de ellos. Esperando que paguen primero su casa, luz y agua para que de lo que les sobre paguen lo mío”.

La mujer tiene que pedir ayuda a sus hijos y amigos para poder sobrevivir

Carmen calcula que la Seguridad Social le debe 10.800 euros. La inestabilidad económica no la deja respirar. Tampoco su maltrecha salud. “Un día me levanto bien y con fuerzas y puedo hacer algo, pero la mayoría de las veces estoy acostada porque no me encuentro bien. Empiezan los vómitos, mareos, malestar en el estómago y sin fuerzas”.

Tiene una incapacidad del 43 por ciento, aunque no recibe prestación. Hace un año intentó que le dieran la incapacidad total, pero se la echaron para atrás alegando que podría trabajar en alguna oficina. “He trabajado como limpiadora, cocinera, albañil, dependienta, comercial, pero en una oficina no puede ser porque no tengo estudios”, insiste. “Mi médico se sube por las paredes porque no entiende cómo no me han dado la incapacidad”, apostilla.

Por delante, le esperan dos operaciones, una de una hernia y otra del aparato urinario. También una nueva consulta para el tema del estómago. Si no mejora, ya los médicos le han dicho que tendrá que ser intervenida de nuevo. Carmen tiene claro que no parará hasta recibir lo que le corresponde. Su historia ya está en manos de sus abogados.