La Diputación del Común ha iniciado una investigación de oficio en relación con la dilación en la tramitación y resolución de las solicitudes de pensiones no contributivas, donde el perfil mayoritario de solicitantes son mujeres mayores de 65 años que han trabajado en casa o fuera de ella, pero sin haber estado de alta en la Seguridad Social.

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la institución, Beatriz Barrera, se ha reunido con el director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Bermúdez, para abordar esta problemática y pedir información sobre el listado de mujeres con solicitudes pendientes de resolución, el número y porcentaje de mujeres solicitantes respecto al total de solicitudes, así como el tiempo medio de resolución de estas.

Desde la Dirección General de Derechos Sociales se reconoce que ha existido una acumulación de expedientes que ha producido el retraso en la tramitación y resolución de estas solicitudes hasta finales de 2021, que, en gran medida, fue debido a la falta de medios personales y de digitalización del sistema de gestión, informan fuentes de la Diputación del Común.

A partir de entonces se estableció un plan de choque basado en el aumento y refuerzo de estos medios personales y tecnológicos, que está consiguiendo reducir la lista de espera a la razón de 1.000 solicitudes por semestre.

El director general ha mostrado su intención de que en un futuro próximo este plan de choque logre reducir a cero la lista de espera y consiga actualizar la gestión de las pensiones no contributivas.

Para llevar un seguimiento al respecto, Barrera y Bermúdez acordaron mantener una próxima reunión para comprobar el estado de esta problemática.

“Lo más importante es que la Dirección General de Derechos Sociales es consciente de estos hechos y ya está tomando medidas para mejorar y reducir la lista de espera a través de este plan de choque”, afirma Barrera.