La Fiscalía Anticorrupción considera que los cargos públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) contra los que se ha querellado trataron de "encubrir" las irregularidades cometidas al contratar a la empresa RR7 United una partida de un millón de mascarillas sanitarias que nunca recibieron durante la tramitación posterior de ese expediente.

Fuentes del Ministerio Público ha precisado a Efe que la querella por el llamado "caso mascarillas" tiene dos grandes apartados: por un lado, el dirigido a describir la estafa agravada que, a su juicio, cometió el administrador de RR7 United Limited, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública; y por otro, las irregularidades que de las que hace responsable al director del SCS, Conrado Domínguez, y a la directora general de Recursos Económicos de ese organismo en aquellas fechas, Ana María Pérez.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, sostiene en la querella que, si una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, pudo hacerse con contrato de suministro a los hospitales públicos de canarias de ese importe (cuatro millones de euros), fue por un trato de favor por parte de Conrado Domínguez, el máximo responsable del SCS.

Por eso, Ródenas acusa en su querella a Conrado Domínguez no solo de prevaricación, sino también de tráfico de influencias, porque estima que se seleccionó a una empresa dedicada a la compraventa de coches con solo 3.000 euros de capital social, como era RR7, para un suministro negociado sin publicidad de esa envergadura por la amistad que un intermediario de su confianza tenía con Rayco Rubén González.

En su relato de cómo se armó aquel contrato en los momentos más duros de la pandemia de covid, cuando los hospitales no tenían los equipos de protección que necesitaban sus sanitarios, la Fiscalía Anticorrupción señala varias irregularidades.

La Fiscalía remarca que RR7 "engañó" al SCS para conseguir que le abonara por anticipado todo el importe del contrato (cuatro millones), sin haber servido aún las mascarillas, cuando inicialmente solo estaba previsto que cobrara la mitad.

Pero también pone en cuestión que el SCS no tenga ninguna responsabilidad en lo ocurrido cuando la Aduana retuvo en el aeropuerto de Gran Canaria las mascarillas que tratada de importar RR7 United, porque su supuesto fabricante, 3M, denunció que eran una falsificación, lo que llevó a que fueran requisadas y destruidas.

Al respecto, Anticorrupción recuerda que en aquellas fechas, en las que ya se habían producido otros problemas con falsificaciones en varios países, 3M había habilitado un teléfono al que bastaba con llamar y dar el número de lote para que la empresa confirmara que si trataba de mascarillas legítimas o falsificadas.

A su juicio, el SCS tenía en su mano haber hecho esa comprobación antes de pagar el lote completo a RR7.

Pero el punto del expediente donde el fiscal aprecia un salto cualitativo en lo ocurrido aparece el 16 de julio de 2021. Ese día, la directora de Recurso Económicos del SCS aprueba "reanudar" el expediente de compra de mascarillas a RR7 United y acepta su propuesta de trueque: cambiar el millón de mascarillas que no pudo servir el año anterior por 1,2 millones de mascarillas de otra marca manteniendo el mismo precio, cuatro millones de euros.

A juicio del fiscal, los responsables del SCS prevaricaron en esa decisión, porque no podían cambiar el objeto del contrato cuando este ya había sido previamente resuelto por incumplimiento (la propia Ana María Pérez había firmado su resolución el 17 de mayo de 2021 y había exigido a RR7 el reintegro de los cuatro millones).

En esa decisión, Ana María Pérez contaba con el aval de Conrado Domínguez, que ese mismo día, el 16 de julio, autorizó que se cambiara el millón de mascarillas 3M 1860 N95 (con nivel de protección equiparable a FFP3) por otra partida de 1,2 millones de mascarillas 1.200.000 mascarillas FFP3 NR D, marca Honeywell Nort, modelo Superone, que tampoco llegaron a entregarse nunca a la sanidad pública. Así consta en los documentos publicados por el Gobierno canario sobre este expediente en el Portal de Transparencia.

La Fiscalía Anticorrupción no solo entiende que se reactivó de forma ilegal un contrato que ya estaba rescindido, sino que además se ocasionó un perjuicio a otros suministradores que en aquellas fechas (julio de 2021) ya ofrecían ese material a precios similares o más ventajosos para el Servicio Canario de la Salud.

Javier Ródenas argumenta en su informe que, en aquellas fechas, el SCS ya estaba recibiendo peticiones de explicaciones por parte del Tribunal de Cuentas sobre lo ocurrido con ese contrato con RR7 United, por lo que llega a la conclusión que la razón que movió a los querellados a seguir contratando con esa compañía pese a sus incumplimientos fue "encubrir" las irregularidades que, bajo su criterio, ya habían cometido.