Las fiscalías de las dos provincias canarias se reunirán el miércoles con representantes de la Dirección General de Protección del Menor, Policía y expertos clínico-forenses para intentar agilizar lo máximo posible la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha informado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que se trata de establecer un criterio común entre las dos fiscalías provinciales después de que la de Santa Cruz de Tenerife haya tenido que reorganizar sus servicios ante el aumento en la llegada de inmigrantes, sobre todo a la isla de El Hierro.

La gestión de la inmigración ya era “preocupante” en la Memoria de la Fiscalía que ha expuesto este lunes Martínez en comisión parlamentaria pero, tras parecer que se había “estabilizado”, ha tornado a generar “muchísima más preocupación, hasta el punto de que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que reorganizarse”.

En ello ha contado con todo el apoyo de la Fiscalía General del Estado que, según ha indicado María Farnés Martínez, está “al tanto de la situación”, por lo que ha proporcionado refuerzos y la posibilidad de obtener nuevos apoyos si fuera necesario ante un problema humanitario de tal calibre.

“Son unas cifras que en El Hierro no se han visto nunca y nos ha cogido un poco por sorpresa tanto a policías, letrados como a la Fiscalía, Protección de Menores y el Gobierno de Canarias, aunque poco a poco se están intentando solventar todos los medios y reforzar servicios, también por parte del Colegio de Abogados y la Sección de Trata de Seres Humanos y Extranjerías de la Fiscalía provincial dotándola de más fiscales, aunque sea quitándolos de otros servicios”, ha continuado la fiscal superior.

No se trata de que cada uno vaya por su lado sino de que “nadie esperaba tal volumen” de afluencia de inmigrantes, por lo que a juicio de María Farnés Martínez “lo principal” es que haya infraestructuras permanentes para atender la necesidad de estas personas que llegan con necesidades especiales tras pasar una travesía en condiciones muy duras.

En lo que respecta a su ámbito, se cuenta con la total ayuda de la Fiscalía General, de la Fiscal de Sala y de la de Trata de Seres Humanos y Extranjería “que permanentemente viene a Tenerife y a Las Palmas”, además de crear una fiscal delegada autonómica que va a coordinar esta labor con las fiscalías provinciales.

También ha asegurado María Farnés Martínez, en alusión a una crítica formulada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que no ha habido ningún colapso sino que, ante una situación especial, lo que hace es aumentar los efectivos de esta sección “porque el fiscal es uno” y ante un problema en inmigración “vamos a dedicar la mayor parte de efectivos y de fiscales” en este ámbito.

“La Fiscalía General ha sido la que ha llamado para ofrecer medios absolutamente preocupada por la situación y ya tenemos un fiscal de refuerzo de extranjería desde hace tiempo” y si se necesitan más medios, con un informe previo, no habrá problema alguno en obtenerlo, ha indicado María Farnés Martínez.