La Fiscalía ha mantenido este miércoles la acusación contra Blas Acosta por un delito de administración desleal de la empresa pública Gesturpa y ha solicitado una pena de un año y nueve meses de prisión para el actual viceconsejero de Economía y secretario insular del PSOE de Fuerteventura.

El fiscal, Tomás Fernández de Paiz, ha anunciado en la segunda sesión del juicio que retiraba la acusación por insolvencia punible, ya que la reforma del Código Penal de 2015 no ampara este delito para los hechos por los que se ha juzgado a Blas Acosta.

En el escrito de acusación provisional, el Ministerio Fiscal solicitaba cuatro años y tres meses de prisión para Acosta. En concreto, se pedía un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal y una condena de dos años y seis meses de cárcel por un delito de insolvencia punible.

Durante su declaración, el viceconsejero de Economía del Gobierno canario se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y solo ha aceptado las preguntas de su abogada, María Rosa Díaz Bertrana.

Blas Acosta, que fue administrador único de Gesturpa de 2011 a 2014, ha explicado que esta era “una empresa de carácter social que se dedicaba a la promoción de vivienda pública de 2003 a 2014”, periodo en el que se gestionaron 397 viviendas para “personas que tenían derecho a una vivienda de protección oficial”.

Acosta ha asegurado que durante las juntas de los años 2012, 2013 y 2014 puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa estaba en “cauce de disolución”. No obstante, el liquidador de la mercantil, Eugenio Vidal, aclaró en la primera sesión del juicio que la empresa pública “se disolvió por ley”, en 2016, por su mala situación económica, cuando ya Acosta no era administrador único ni concejal en Pájara.

El escrito de acusación sostiene que el 27 de marzo de 2012 la empresa administrada por Blas Acosta solicitó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por valor de 1,7 millones de euros “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo, dada su evidente falta de viabilidad económica”.

El exconcejal de Urbanismo de Pájara, expresidente del Cabildo majorero y líder de los socialistas en Fuerteventura ha declarado ante la magistrada Alicia María Buendía que “jamás se firmó ningún préstamo ni entró un céntimo en condición de préstamo en la cuenta de Gesturpa”.

En las cuentas de 2012 se reflejó una deuda por los citados 1,7 millones con el Ayuntamiento de Pájara, por el pago de una serie de facturas con siete proveedores, que no estaban contabilizadas con Gesturpa pero cuya responsabilidad se atribuyó a la empresa pública en el plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central aquel año.

Una de las facturas a la que se refirió la Fiscalía fue una de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero”, al que “luego nunca le reclamó el pago”. La factura fue por una obra de alumbrado en la urbanización Cañada del Río, que no estaba recepcionada por el Ayuntamiento. También resalta la Fiscalía que la factura se había generado seis años antes, en 2006, y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

A la pregunta de su abogada, Acosta ha asegurado que “no es real” y ha explicado que se trata de una obra que encarga el Ayuntamiento y es Gesturpa quien encarga el proyecto de alumbrado de toda la zona de Cañada del Río, donde existen cuatro urbanizaciones, y es el Ayuntamiento quien abona la factura, y no Gesturpa, que “nunca paga un céntimo de euro en esa factura”.

Por su parte, el fiscal ha insistido en que Gesturpa era una sociedad “exclusivamente mercantil” con un socio único, el Ayuntamiento de Pájara, y, como tal, “tiene que cumplir con los requisitos mercantiles”.

Asimismo, el fiscal ha recordado que entre 2011 y 2014 las pérdidas se cifraban en más de dos millones de euros, unas “cuentas llenas de salvedades” por parte del auditor y que “no cumplen con una imagen fiel” de la empresa.

La abogada de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente, al considerar que Acosta “no ha realizado ninguna conducta punible”. También sostuvo que no causó “ningún perjuicio en el patrimonio administrado” de la empresa pública. El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia.

A la salida de los juzgados, Blas Acosta ha asegurado a los periodistas que “siempre” se ha actuado en la administración de Gesturpa “conforme a la normativa vigente y jamás se ha producido ningún quebranto a la empresa”.

A su juicio, ha quedado “perfectamente” argumentada la gestión de Gesturpa y del Ayuntamiento de Pájara y “tanto el perito judicial como auditor de cuentas, abogado liquidador y la pericia han manifestado que no se ha producido ningún quebranto en Gesturpa”.