La Fiscalía ha ratificado al final del juicio sobre el presunto fraude millonario a la Seguridad Social y Hacienda que se atribuye a Seguridad Integral Canaria su solicitud de 21 años de cárcel para el propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, a su vez presidente de la UD Las Palmas, mientras que ha reducido de 14 a cinco años la pena que propone para Héctor de Armas, debido a su confesión.

El sindicato que puso en marcha esta causa con su denuncia y que ejerce una de las cuatro acusaciones, USO, ha secundado la propuesta del Ministerio Fiscal y también recomienda una condena menor a la que inicialmente proponía para Héctor de Armas, el directivo que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma en 2012.

En su informe definitivo, la fiscal de Delitos Económicos de Las Palma, Evangelina Ríos, ha defendido este jueves ante la Audiencia de Las Palmas que en estas tres semanas de juicio se han acreditado "sobradamente" los delitos que imputa a Ramírez y Armas en la declaración fiscal y a la Seguridad Social de los pagos que recibían los vigilantes de Seguridad Integral.

En este procedimiento, la acusación pública sostiene que Seguridad Integral defraudó 30,06 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2017 y eludió el pago de 6,60 millones a Hacienda entre 2009 y 2013.

La Fiscalía describe dos mecanismos principales por los que, presuntamente, Seguridad Integral defraudó al erario público para reducir sus costes: abonar a su plantilla de forma sistemática las horas extras como si fueran dietas, que no tributan, y descolgarse de manera ilegal del convenio colectivo del sector para aplicar acuerdos de empresa con salarios y complementos mucho menores, lo que también repercutió en las cotizaciones y liquidaciones fiscales.

Según la fiscal Evangelina Ríos, todas esas prácticas se llevaron a cabo para elevar los beneficios por decisión del propietario del 99 % de las acciones de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, del que asegura que siguió dirigiendo la firma incluso después de 2012, cuando cedió el cargo de administrador único al otro procesado, Héctor de Armas.

La Fiscalía ha subrayado que numerosos testigos, la mayoría antiguos trabajadores de Seguridad Integral, han corroborado ante el tribunal que la empresa pagaba como dietas cuestiones que no tenían tal condición y que, en realidad, estaban sujetas a cotización. De esa forma se camufló el pago horas extras, pero no solamente.

Al respecto, ha recordado que una inspección de la Agencia Tributaria detectó que un tercio de los gastos de personal que declaraba Seguridad Integral Canaria eran dietas, concepto aseguró haber pagado 8,4 millones en 2008 y 8,5 millones en 2009.

Ese mecanismo funcionó, ha añadido la fiscal, porque los trabajadores de la plantilla aceptaron que les pagaran esas cantidades en un recibo al margen de la nómina, pero la realidad es que Seguridad Integral vulneró la normativa e hizo declaraciones fiscales que ocultaban "mendazmente" conceptos sujetos a tributación.

El juicio continúa en estos momentos con el informe del resto de acusaciones y de las defensas de Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas.