La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que llame a declarar como imputado a Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria y senador autonómico, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en el conocido como "caso Reparos".

Las diligencias previas han sido remitidas al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna (Tenerife), al concluir que Clavijo, entre los años 2011 y 2014, durante su etapa como alcalde de esta ciudad, dictó más de un centenar de decretos levantando los reparos de la Intervención General contrarios a las prórrogas y continuidad de contratos de servicios públicos.

En el escrito del Ministerio Público, que fue adelantado por el diario digital CanariasAhora, el fiscal del Supremo José Martínez Jiménez se alinea con la instrucción de la titular del juzgado lagunero y con la fiscal del caso y considera que los hechos que se atribuyen a Clavijo, presidente del Gobierno autonómico de 2015 a 2019, deben ser calificados provisionalmente "como constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa".

"Fueron más de cien los decretos dictados para levantar los reparos formulados por la intervención municipal", indica la Fiscalía del Supremo, por lo que cabe interpretar que hubo "un uso generalizado de esta práctica" y que no se justifica por razones de urgencia o emergencia "como pretende hacer valer para su justificación" el senador.

Entre 2011 y 2014 se prorrogaron contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos millonarios, "contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público y las bases y pliegos de los respectivos concursos, pese a los contundentes reparos formulados por la Intervención general", prosigue el escrito de la acusación pública.

Para el fiscal del Supremo, hay "concurrencia de los requisitos del tipo penal de prevaricación administrativa", como se desprende del "certero análisis" de la titular del juzgado y la fiscal que han llevado el caso, "analizando no sólo los elementos incriminatorios, sino igualmente, y para desvirtuarlas, las razones invocadas" por Clavijo para dictar los decretos.

La juez del caso, tras las diligencias practicadas en La Laguna, consideró que no quedaba más por instruir sino llamar a declarar a Clavijo y, al ser aforado, remitió las diligencias al Supremo.

Y la Fiscalía de este tribunal pide a la Sala de lo Penal "que se incoe procedimiento" para depurar las responsabilidades de Fernando Clavijo Batlle y "que se acuerde la diligencia de declaración del investigado".