Antonio Hormiga, presidente de una de las patronales turísticas de Fuerteventura, Asofuer, fue sancionado por la Demarcación de Costas de Canarias en noviembre de 2017 por ocupar el dominio público marítimo terrestre sin título que le habilitara para ello. Ahora se enfrenta a una petición de pena de prisión por parte de la Fiscalía.

La sanción de Costas se produjo por ocupar la Playa de La Goleta, en Corralejo, con las mesas, sillas y sombrillas de su establecimiento de hostelería, el Bar Galera Beach. Fue advertido en varias ocasiones de la obligación de dejar libre la arena de la playa, pero no lo hizo. La sanción de Costas ha derivado ahora en un escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se pide un año de cárcel por un delito de desobediencia a la autoridad.

En noviembre de 2017, Hormiga, que gestionaba entonces ese establecimiento “que dispensaba comidas y bebidas para los bañistas sobre la misma arena de la playa”, según señala el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, fue sancionado por ocupar de forma ilegal ese espacio con 100 sillas, 35 mesas y 24 sombrillas.

Debía pagar una sanción de 4.600 euros y dejar el terreno “en su estado originario”. Hormiga recurrió la sanción. En marzo de 2018, la Secretaría general técnica de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Transición Ecológica, desestimó el recurso de alzada del empresario contra esa resolución.

El presidente de Asofuer, entonces, acudió a la justicia ordinaria, pero tampoco tuvo suerte. En junio de 2019 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) también desestimó su intento de anular la resolución inicial y, por tanto, la sanción.

Siete días después de esa resolución judicial firme, y dado que el empresario seguía sin atender el requerimiento de Costas, que se había vuelto a reiterar en abril de 2019, el personal de la Demarcación de Costas de Canarias procedió al precinto de los enseres del restaurante que se encontraban sobre la playa.

No obstante, al día siguiente de ese precinto, el personal de vigilancia de Costas pudo comprobar que, presuntamente, el empresario había sustituido las sombrillas fijas con los precintos por otras desmontables y había retirado las cintas que se habían colocado entre unas sombrillas y otras, según la Fiscalía.

La terraza había vuelto a ocupar la arena, con las sillas y mesas, y seguía la actividad de restauración de la misma forma que hasta entonces. Costas constató de nuevo, seis días después, que no solo se había reanudado esa actividad, sino que la superficie ocupada por las mesas y las sillas era aún mayor. De hecho, el servicio de restauración, con las sombrillas y enseres sobre la arena de la playa, seguía aún a principios de marzo en el mismo establecimiento, tres años después.

La Fiscalía considera que el acusado, “sabedor de su obligación de retirar el mobiliario” desde abril de 2017 y “con evidente intención de ignorar el principio de autoridad”, no atendió las órdenes de retirada y precinto, pese a estar presente en el momento en que se efectuó y, además, volvió a colocar las mesas y sillas. Esos hechos serían constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556.1 del Código Penal.

Además del año de prisión, la Fiscalía solicita la inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Mesas y sillas sobre la Playa de La Goleta, este febrero.

“Obsesión”

Hormiga aseguró a Diario de Fuerteventura, cuando este periódico publicó la denuncia del Ministerio de Transición Ecológica en Fiscalía, que en 2008 solicitó la concesión del dominio público marítimo terrestre, a la que sostiene que tiene “derecho” porque construyó el edificio antes de la Ley de Costas de 1988. “No me han contestado y me parece muy injusto que no me la den”, afirmaba en aquel momento.

El empresario decía que el entonces delegado de Costas en Canarias (Rafael López Orive, ya jubilado), que es quien dictó la resolución inicial, estaba “obsesionado” con él y que iba a presentar una querella por lo que consideraba una persecución.

Precisamente, López Orive tendrá que declarar como testigo en el juicio, “a fin de que se ratifique o amplíe en las denuncias y actas de precinto”. También declarará un técnico superior de la Demarcación de Costas, autor de varios informes sobre este caso.

Sobre el precinto de Costas, Antonio Hormiga llegó a sostener a este periódico que lo que hizo fue quitar “unos palos de unas sombrillas” que había en la zona y que se lo comunicó al departamento del Gobierno central. En su descargo, añadía que en Corralejo, desde su establecimiento hasta el “muelle viejo”, había otros cinco negocios que “están exactamente igual”.

Política

Antonio Vicente Hormiga es presidente de Asofuer, asociación de empresarios turísticos de Fuerteventura que aglutina tanto a negocios hoteleros como de restauración y de ocio complementario. También estuvo ligado a la política. Fue secretario insular de UCD y diputado entre 1993 y 1996 en el Congreso por el Partido Popular. En 2014 se dio de baja de este partido por el apoyo a las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias, ante las que se mostró en contra.

En los últimos años, Hormiga se ha significado por sus ataques a la Demarcación de Costas y por su apoyo reciente al traspaso de las competencias en esta materia desde el Estado al Gobierno de Canarias. Para Hormiga, ese traspaso es “una antigua demanda del sector turístico que va a suponer un hito histórico para Canarias y el inicio de una gestión más dinámica y acorde a nuestra singularidad como Archipiélago”.

En los últimos años, Hormiga se ha significado por sus ataques a Costas

En varias entrevistas ha atacado la actuación de Costas respecto al expediente de los hoteles de la cadena RIU en las Dunas de Corralejo, Tres Islas y Oliva Beach, levantados en lo que hoy es dominio público marítimo terrestre: “Son cuestiones como esta, las que no se pueden permitir. Si hubiéramos tenido las competencias, este tema se hubiera solucionado hace mucho tiempo”.

Hormiga habla habitualmente de “acoso” por parte del Ministerio de Transición Ecológica a esta cadena hotelera, que en el caso del Oliva Beach ha reconocido haber desistido de su solicitud de reforma a la espera de que las competencias pasen al Gobierno de Canarias: “La respuesta a las solicitudes deben ser ágiles y atenerse a cuestiones meramente legales, sin que prevalezcan intereses políticos que puedan hacer peligrar cientos de puestos de trabajo impactando de lleno en la economía de la Isla”, ha manifestado Hormiga.

En otra ocasión, junto a los presidentes de las patronales de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, habló de la “desidia” de Costas hacia la industria turística canaria y exigió “celeridad y rapidez en los numerosos proyectos estancados, dirigidos a poner en valor el litoral, mejorar las infraestructuras en la costas, renovar los establecimientos y dotar de calidad al destino turístico”.