La Fiscalía solicita la demolición del Hotel Royal Palm, “ilegalmente construido” en zona de servidumbre de protección de Costas en la zona de Esquinzo, en el litoral del municipio de Pájara.

Además, reclama que la Justicia imponga un total de 24 años y cuatro meses de cárcel a los 10 acusados, con penas que oscilan entre el año y seis meses de prisión y los cuatro años de privación de libertad. También se solicitan 80 años de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración local y cuatro años de inhabilitación profesional para el arquitecto.

Asimismo, el Ministerio Fiscal pide la suspensión de actividad de la promotora, Canarias Turística 2000 SL, de la familia Di Meglio, y una sanción económica de 288.000 euros. La empresa también está acusada de forma directa en la causa penal, que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Puerto del Rosario y que va camino del juicio.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se detallan tres delitos de prevaricación urbanística continuada, dos delitos más de prevaricación urbanística y un delito de construcción ilegal.

El exalcalde y actual concejal Rafael Perdomo, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación, está considerado autor de un delito de prevaricación urbanística continuada y coautor de otros dos.

El arquitecto del hotel, Miguel Cabrera, también se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de cárcel, mientras que al apoderado de la empresa, Héctor Ruiz Verona, se le solicitan tres años de prisión, la misma condena que insta para el arquitecto municipal, José María Fernández Muñoz.

Los otros acusados son una trabajadora municipal, Silvia García Calleja, y concejales que participaron en la concesión de licencias consideradas ilegales por la Fiscalía, entre ellos el actual edil Farés Sosa y la ahora diputada autonómica del PSOE, Rosa Bella Cabrera. El resto de concejales acusados son Jordani Cabrera, Diego Bernardo Perera y Antonio González Cabrera.

Irregularidades

El hotel se construyó, entre los años 2009 y 2015, en una parcela de 50.000 metros cuadrados en primera línea, junto a la playa de Butihondo. Desde que entró en vigor la Ley de Costas, en julio de 1988, “la anchura de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre es de 100 metros y, en consecuencia, en ningún caso es autorizable la construcción del hotel”, destaca la Fiscalía. En esa franja ocupada de la zona de protección de Costas se levantaron cuatro amplias edificaciones destinadas a alojamiento, además de piscinas.

Las irregularidades que apunta la Fiscalía van más allá: “La parcela [donde se construyó el Royal Palm] no tiene ni ha tenido nunca edificabilidad asignada por un plan urbanístico válido y vigente, es decir, no existe ni ha existido la posibilidad de realizar hotel alguno”.

En 1983 se clasificó la parcela como suelo urbanizable no programado, con las condiciones de suelo rústico. El plan parcial Esquinzo-Butihondo de 1989 incluyó los terrenos como “zona liberada de edificabilidad para la protección del medio marino”, y en la revisión del Plan General de Pájara de aquel año se contempló de una forma similar.

El planeamiento municipal de 1998 sí atribuyó edificabilidad a la parcela, pero esta norma nunca se publicó en el boletín oficial “y, por tanto, nunca entró en vigor”. “En todo caso”, añade la fiscal de Medio Ambiente, Clara Serrano Pardá, ese Plan General de Pájara fue anulado en 2002 y desde entonces vuelve a estar vigente el planeamiento de 1989.

“La parcela no tiene ni ha tenido nunca edificabilidad asignada por un plan válido”

Los orígenes del hotel se remontan se remontan a mayo de 1999, cuando el Ayuntamiento de Pájara concede la licencia solicitada por el empresario Giuseppe di Meglio para el hotel, que tendría un presupuesto de ejecución de 17,7 millones de euros.

En mayo de 2003, el apoderado de la empresa, Héctor Ruiz Verona solicita una prórroga. Cuatro años después, pide que se declare la confirmación de la prórroga por silencio administrativo.

Una jurista de Pájara informó de que era obligado llevar a cabo un expediente de caducidad de la licencia porque la ley preveía un plazo inexcusable de tres años para el inicio de las obras, que no habían comenzado, y un plazo máximo de 10 años para la total ejecución. Sin embargo, la Junta de Gobierno de octubre de 2007, “desoyendo” el informe jurídico, se negó a caducar la licencia y dio 10 años de plazo para las obras.

En febrero de 2008, el arquitecto municipal, ahora acusado, emite un informe desfavorable al inicio de las obras. Argumenta que la parcela carecía de edificabilidad y que no podía construirse en ella, y advertía la falta de autorizaciones, entre otras el uso y construcción en la zona de servidumbre de protección de Costas.

Al mes siguiente, la jurista apostilla que había que revocar la licencia al haberse anulado el Plan General de 1998 con la que se había autorizado, que “nunca había sido publicado”. Poco después, en junio, el arquitecto de Pájara cambia de criterio y emite un informe favorable al inicio de las obras, “con pleno conocimiento” de que “eran ilegales”, resalta la fiscal. En su dictamen, eleva el presupuesto del hotel a 35,8 millones de euros.

La mitad del hotel, en servidumbre de Costas.

Sin autorización de Costas

La Fiscalía resalta que la empresa promotora “no obtuvo y ni siquiera solicitó la autorización” del Gobierno de Canarias “para la construcción del hotel que afecta de lleno a la zona de servidumbre de protección”, cuya anchura es de 100 metros. A pesar de ello, en octubre de 2008, el entonces alcalde Rafael Perdomo se arrogó las competencias de la Junta de Gobierno y autorizó el inicio de las obras.

La empresa de la familia Di Meglio volvería a pedir más prórrogas para culminarlas: en diciembre de 2012 y en abril de 2014. El hotel no se terminó hasta julio de 2015. La fiscal subraya que la legislación urbanística solo permite una prórroga y, en este caso, la licencia original era ilegal, “al tratarse la parcela sobre la que se ubica el hotel de una zona liberada de edificabilidad”. En las cuentas de 2019, antes de la pandemia, declaró unos ingresos de 13,1 millones de euros y el año anterior 17,8 millones.