La Justicia ha condenado al Ayuntamiento de La Oliva por evitar el acceso a información pública. En una sentencia reciente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Las Palmas estima la demanda de la asociación Turcón, vinculada a la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, y “reconoce su derecho a acceder a la información solicitada al Ayuntamiento de La Oliva”, presidido por Pilar González Segura, que se negó a entregar la documentación de un expediente público, relacionado con las Dunas de Corralejo, hasta que la reclamación llegó a los tribunales.

El caso se remonta a hace más de un año, cuando el Ayuntamiento procedió a instalar varias canchas de voleibol y fútbol playa en la arena, junto al Hotel Oliva Beach, propiedad de la cadena hotelera RIU, que ha sido sancionado por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplir la concesión de dominio público y ocupar más espacio público del que se le autorizó.

Cuando el Ayuntamiento de La Oliva llevó a cabo esa intervención, el colectivo ecologista denunció públicamente “el desprecio absoluto” de la institución por la legislación ambiental y criticó que, “a plena luz del día, los cargos públicos del gobierno municipal grabaran” un vídeo promocional “mientras estaban atentando contra el medio ambiente y el territorio”.

Así, recuerdan desde la asociación, el Consistorio metió una máquina excavadora en las Dunas de Corralejo para unas obras en el espacio natural, que además es dominio público marítimo terrestre, sin contar con el permiso de la Demarcación de Costas de Canarias. La asociación solicitó el 27 de abril del año pasado, por registro de entrada en el Ayuntamiento, el expediente de la intervención en las Dunas.

Dos días después, la propia Demarcación de Costas llevó a cabo una inspección de la zona y emitió un informe en el que constataba, literalmente, que se habían instalado “postes para delimitar unas serie de canchas de voleibol y fútbol playa”. El organismo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, recalcaba que había aumentado “lo anteriormente instalado hasta una ocupación de una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, con el consiguiente movimiento de tierras y destrozo de parte de la vegetación dunar”.

Costas tramitó una sanción por ocupar 3.000 metros de dominio público

En el mismo informe, bajo amenaza de iniciar un expediente sancionador, Costas le pedía al Ayuntamiento de La Oliva que presentase la documentación que justificaba esas obras. Como era obvio, el Consistorio no la podía aportar, porque precisamente es Costas el organismo que debería autorizar este tipo de intervención en suelo de dominio público marítimo terrestre y no lo había hecho.

En aquel momento, el colectivo ecologista denunció y pidió de nuevo la información al Ayuntamiento, al tiempo que criticaba que la alcaldesa enseñase “sin ningún tipo de vergüenza” cómo maquinaria pesada destruía una amplia superficie de las Dunas de Corralejo.

En el pleno de la Corporación municipal, la oposición reclamó en varias ocasiones que se informase acerca de la preceptiva autorización de Costas, imprescindible para intervenir en dominio público.

El concejal de Deportes, Jerónimo Lozano, que más tarde rompería la disciplina de En Marcha, el partido de Pedro Amador, y se quedaría en el grupo de gobierno de Pilar González, reiteraba que todo estaba en orden. Incluso llegó a negar que Costas hubiera abierto un expediente por este caso. Lo cierto es que la Demarcación de Costas inició un expediente sancionador grave contra el Ayuntamiento de La Oliva, con una propuesta de sanción de 11.643 euros.

“No responde”

Entre tanto, el grupo ecologista Turcón demandó al Ayuntamiento por incumplir la Ley de 2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, es clara y no solo reconoce el derecho de la asociación de acceder a la documentación solicitada, sino que destaca la “mala fe en el Ayuntamiento, que no responde a una petición de información, obligando” al colectivo “a acudir a este juicio para poder obtener la misma”. Por ello, el Juzgado ha condenado en costas al Consistorio, que tendrá que abonar 1.500 euros.

En su demanda, la asociación alertaba de que la intervención junto al Hotel Oliva Beach, “en plena zona de dominio público marítimo terrestre”, suponía “la transformación del suelo, con riesgo para el hábitat de varias especies protegidas”.

El Ayuntamiento sí que tuvo que entregar el expediente en el procedimiento judicial y pretendió que la causa no siguiera adelante al considerar que, a través del Juzgado, el colectivo ecologista ya había podido acceder a la información. Sin embargo, la magistrada rechazó esa pretensión, porque la reclamación “va más allá de la mera entrega de la información, pretende un reconocimiento de un derecho que le es negado por el propio Ayuntamiento”.

En ese sentido, la magistrada censura que el Consistorio no contestase a la petición de la asociación, “a pesar de estarle reconocida” por ley, “obligándola a acudir a estos juzgados”. El colectivo también pedía se depurasen “las responsabilidades correspondientes a que haya lugar”, pero la responsable del Juzgado aprecia una “indefinición” en este punto, “sin perjuicio de las acciones que pudiera ejercitar” la asociación “si así lo considera oportuno”.

Dar traslado a Fiscalía

La asociación Turcón considera que debe tener consecuencias meter maquinaria pesada en dominio público, en una Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), que es área prioritaria de reproducción y alimentación de aves amenazadas. Al margen de la infracción grave de Costas por “obras e instalaciones no autorizadas en el dominio público”, el colectivo entiende que el Ministerio debe dar traslado a Fiscalía por si la infracción pudiera ser constitutiva de delito.

“Llevamos décadas luchando contra la depredación del territorio y la destrucción medioambiental, siendo el máximo exponente de estas prácticas el conocido como Marqués de las Dunas. Ahora vemos que su hija es digna sucesora tras un par de años en la alcaldía”, concluye el presidente de Turcón, Honorio Galindo.