El Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha dictaminado la improcedencia del despido de uno de los tres pilotos de Canair, filial de Binter Canarias, que se negaron a volar en el espacio aéreo afectado por cenizas volcánicas en La Palma.

Así lo avanza este miércoles en un comunicado el sindicato Sepla, que había solicitado la nulidad del despido en el juicio y sostiene que la sentencia deja "en absoluto desamparo laboral" al piloto -hay otros dos despedidos en las mismas circunstancias- "consagrando la impunidad de este tipo de empresas, que anteponen sus criterios económicos a la seguridad".

Durante la erupción del volcán Cumbre Vieja, los tres pilotos ahora despedidos decidieron, en diferentes vuelos, seguir su criterio profesional en contra de la voluntad de la dirección de operaciones: desde no iniciar un vuelo que consideraban peligroso hasta rodear una nube volcánica en lugar de atravesarla.

Según el Sepla, las cenizas volcánicas son un material que puede dañar seriamente el fuselaje y los motores de los aviones y por ello los pilotos valoraron riesgos antes de iniciar un vuelo que "podría ser peligroso".

Así, dos semanas después de reportar el riesgo que esto hubiera supuesto para la seguridad del vuelo, la compañía les despidió con una carta en la que se limitaba a alegar "pérdida de confianza".

El sindicato lamenta que la sentencia solo reconozca la improcedencia del despido y solicite una indemnización y señala que "no hay en toda la sentencia ni una sola alusión a la seguridad aérea ni a los conceptos de cultura justa, según los cuales los profesionales de la aviación deben sentirse libres y protegidos para informar sobre cualquier cuestión relacionada con la seguridad".

Al mismo tiempo, indica que "acepta que no existe justificación para el despido, tal y como la propia empresa reconoció en el juicio".

Sepla apunta que dará todo su apoyo para recurrir la sentencia, que considera "gravemente lesiva" no solo para el propio trabajador, sino para todos los pilotos de esa aerolínea, "con el objetivo de que en el futuro estos puedan tomar las decisiones de seguridad correctas sin miedo a perder después su puesto de trabajo tras una improcedente falta de confianza".