La Audiencia de Las Palmas ha confirmado en sentencia firme el acuerdo de 2023 por el que se reestructuró la deuda de Armas-Trasmediterránea, reduciendo su monto de 483 a 193 millones de euros (-60 %), y se entregó la mayor parte del capital de la naviera canaria a los tenedores de sus bonos.

El fallo corrobora una decisión anterior del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que había sido impugnado por varios de los acreedores de Armas, entre ellos Acciona, los bancos Caixabank, Santander y Sabadell y la Abogacía del Estado, en nombre del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Ese grupo de acreedores sostenía, en la mayoría de los casos, que el acuerdo de reestructuración de deuda les había perjudicado y que no buscaba devolver a la naviera a la viabilidad económica, sino entregarla a los bonistas, de forma que, además, la familia Armas (sus fundadores) retuviese un 6 % del capital final.

Acciona era incluso más tajante: sostenía que la naviera canaria "no es viable", que "el plan de reestructuración oculta la verdadera intención de vender el grupo Armas libre de deuda" y que, si este aún "subsistía", era gracias a los activos que le compró en 2018 (Trasmediterránea) y que "aún no han sido pagados ni lo serán".

"El plan encubre un pago a los socios de la familia Armas", se quejaba en su recurso Acciona, en cuya opinión la naviera canaria "no tenía valor alguno" más allá de los activos dados en garantía (a su juicio, los buques podían valer 657 millones vendidos por separado).

Caixabank, Santander y Sabadell sostenían que Armas no estaba en situación de insolvencia y que, con esta reestructuración, los bancos que habían financiado a la principal naviera española habían quedado en una situación peor que si se hubiera liquidado el grupo.

Su diagnóstico era compartido por la Abogacía del Estado, que apreciaba un "fraude" en este acuerdo, una "reducción de la deuda no necesaria para la viabilidad (de Naviera Armas), pero sí para una posterior venta del grupo".

De acuerdo con los términos que se exponen en la sentencia, la reestructuración de Armas consistió en una 'operación acordeón' en la que su capital social se redujo a cero y de forma simultánea se acometió una ampliación de capital que fue íntegramente suscrita por los bonistas mediante la capitalización de parte de su deuda.

Y, como consecuencia de ello, todos los créditos ordinarios sufrieron una quita del 100 % (incluso también parte de los garantizados). Luego, los bonistas entregaron un 6 % del capital resultante a la familia Armas en virtud de un pacto entre ellos.

Para la Audiencia de Las Palmas, "los acreedores impugnantes están fuera del dinero, por lo que carecen de legitimación para impugnar aquello que no es suyo".

En un comunicado, los actuales propietarios de Armas defienden que esta sentencia "viene a ratificar el trabajo realizado por toda la compañía y sus asesores, que se ha caracterizado por su seriedad y rigurosidad durante todo el proceso de elaboración del plan homologado, en estos dos últimos años".

"Da continuidad a los objetivos fundamentales de mejorar la eficacia operativa, la competitividad y la posición financiera general del grupo, garantizando su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo", asegura.

El Grupo Armas Trasmediterránea asegura que "continúa avanzando en su plan de transformación que implica, entre otras cuestiones, trabajar bajo un nuevo modelo de gestión de la flota orientada a la optimización de rutas y buques, así como hacia un modelo marcado por la sostenibilidad, con el uso de biocombustibles, reducción de emisiones y optimización de recursos técnicos, entre otras cuestiones, que posicionan a la naviera como un agente estratégico en el transporte marítimo nacional".