La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada este martes en el Parlamento autonómico con el apoyo de PSOE, CC, NC, Podemos y ASG y la oposición de PP y Cs, pretende lograr la descarbonización de la economía de las islas en el año 2040, diez años antes que los horizontes marcados por Europa y España.

Para ello se establece, entre otras medidas, que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse totalmente de fuentes de energía renovable y sustituir por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles, así como cambiar antes del final de 2032 los vehículos contaminantes por otros con emisiones nulas.

En el ámbito público, la ley establece además que se implantará un nuevo alumbrado exterior bajo criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica, ha informado la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno autonómico .

La Ley crea el Registro de la Huella de Carbono para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, en el que se inscribirán las explotaciones turísticas, las actividades pesqueras y de acuicultura, las actividades industriales y de comercio y las empresas que establezca la Estrategia de Acción Climática.

El objetivo regional para 2040 es reducir las emisiones en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes sean absorbidas por sumideros, para lograr un escenario de neutralidad climática.

En cuanto a la energía renovable, el objetivo de la ley es alcanzar para 2030 el 37% del consumo final.

Para movilidad sostenible, el objetivo es reducir las emisiones en un 84,2% para el año 2040.

Los grandes centros generadores de movilidad pública y privada deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática.

Las empresas de alquiler de vehículos deberán contar exclusivamente con flotas de emisiones directas nulas en un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de esta Ley.

La Ley incluye en materia educativa la inclusión de la acción climática y la transición ecológica en las materias curriculares y un plan formativo verde.

Los departamentos del Gobierno en salud y derechos sociales deberán elaborar y aprobar planes especiales de protección de la población ante los efectos derivados del cambio climático.

La Ley crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas y establece la aprobación de la estrategia de cambio climático de Canarias, la estrategia de transición justa, el plan de transición energética de Canarias (junto a sus ocho estrategias específicas) y el plan de acción de cambio climático.

El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha afirmado que la ley canaria es más ambiciosa que la de otras comunidades porque los territorios insulares son más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Por eso se establecen "criterios y obligaciones a todos los niveles, empezando por las administraciones públicas" que servirán de ejemplo para la población y las empresas, ha manifestado.