Transcurridos seis meses desde el final de la erupción en La Palma, las administraciones avanzan en la reconstrucción, los vecinos damnificados tratan de recuperar sus proyectos de vida, y la isla cuenta con un ocho por ciento de su superficie ocupada por coladas y un nuevo volcán aún sin nombre.

Las administraciones han abonado ya más de 487 millones de euros en concepto de las diferentes ayudas, entre las que se incluye casi 88 millones de euros dedicados a la emergencia social, 69 millones en ayudas a empresas y autónomos y más de 223 millones de euros en ayudas a la vivienda, según datos del Gobierno de Canarias.

El consorcio de compensación de seguros, según el último informe publicado por la entidad a fecha de 1 de junio, ha entregado más de 201 millones de euros a los asegurados damnificados, lo cual supone el 81% del coste total estimado de las solicitudes de indemnización presentadas hasta la fecha.

La emergencia habitacional es una de las tareas pendientes en la isla, con 109 viviendas provisionales entregadas a fecha de 3 de junio según el Gobierno regional, una cifra menor a la anunciada por el consejero de Infraestructuras del Gobierno canario, Sebastián Franquis, que esperaba haber llegado a las 400 viviendas en el mes de abril.

La conectividad entre el norte y el sur de la cara occidental de La Palma se ha restaurado recientemente gracias a una pista de 3,3 kilómetros de longitud sobre las coladas del volcán, desde el barrio de La Laguna hasta Las Norias, un hito que el presidente del Cabildo palmero, Mariano Zapata, considera “histórico”.

Por su parte, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha hecho autocrítica y ha comentado en declaraciones a medios, que “este país no ha estado a la altura de la catástrofe que hemos tenido, igual que se ha hecho una carretera en 20 días, tendrían que estar instaladas ya las viviendas temporales”.

La emergencia volcánica, que provocó la evacuación de hasta de 7.000 personas, no ha acabado para los 1500 residentes de los núcleos de La Bombilla y Puerto Naos, donde la presencia de gases incompatibles con la vida se ha mantenido desde el final de la erupción y persiste la prohibición de acceso a vecinos y trabajadores.

La actividad volcánica del 13 de diciembre de 2021, cuando el volcán llevaba escupiendo lava y cenizas casi sin interrupción durante 85 días, no presagiaba que el final estuviera cerca, con una presencia de gases que obligaron a confinar más de 33.000 personas del Valle de Aridane por la “extremadamente desfavorable” calidad del aire.

El último día de la erupción se registró la altura máxima de la columna eruptiva que llegó hasta los 8.500 metros sobre el nivel del mar, y el edificio volcánico había ganado 200 metros de altura en los casi tres meses de actividad, llegando a formar una nueva montaña de 1.131 metros en el lugar que antes se conocía como “Hoya de Tajogaite”.

Aunque el volcán cesó su actividad el 13 de diciembre a las 22:21, según el dictamen del comité científico del Plan Especial de Protección y Emergencias (PEVOLCA) por riesgo volcánico de Canarias, fueron necesarios diez días para certificar el final de la erupción, que finalmente ocurrió el 25 de diciembre.

La tensa calma vivida por la población de La Palma durante esos diez días de espera, se transformó “en alivio”, según declaró el consejero responsable del plan PEVOLCA, Julio Pérez, que expresó en ese momento que “la insoportable letanía de destrucción ha terminado y ahora toca reconstruir, mejorar, rehacer y reponer”.