Si un inmueble forma parte del listado que el Servicio Insular de Patrimonio Histórico plantea proteger en Arrecife, su continuidad no está garantizada. Más bien al contrario. De ese listado, en los últimos tiempos se ha dado licencia de demolición, de vaciado o directamente se han derribado sin autorización expresa una decena de bienes.

El nuevo catálogo arquitectónico municipal, para ampliar el que está en vigor, de 2004, se ha encargado por 143.000 euros a la empresa pública Gesplan. La Ley de Patrimonio Histórico obligó a los ayuntamientos a que en tres años tuviesen sus catálogos actualizados y aprobados, pero Arrecife ha incumplido por completo.

En la programación inicial del contrato con Gesplan se contemplaba que en 2022 estuviese listo el documento de aprobación definitiva, pero a menos de cuatro meses para que finalice el año ni siquiera ha salido la consulta previa, el paso inicial.

Luego se tendrá que elaborar el catálogo para llevarlo a aprobación inicial, efectuar la exposición pública, analizar y contestar las alegaciones, elaborar la propuesta final y el documento de aprobación definitiva. En lo que resta de mandato se antoja complicado que se cubra más que alguna de las etapas iniciales de la tramitación.

Mientras tanto, la desaparición de bienes que Patrimonio considera con valores a proteger empieza a ser habitual. Los últimos en ser derribados han sido los números tres y cinco de la calle Hermanos Zerolo, el segundo domingo de agosto. Ambos figuran en un informe de Patrimonio Histórico, de septiembre del año pasado, que el Cabildo trasladó al Ayuntamiento capitalino en febrero.

El Servicio Insular de Patrimonio instó al Consistorio a que fueran incluidos en el correspondiente catálogo municipal “para su correcta protección”. “El incumplimiento del deber de actualización del catálogo, del deber de conservación y protección, así como los daños generados al patrimonio cultural podrían ser objeto de una infracción”, no solo en vía administrativa, sino también en el ámbito penal, advirtió el departamento del Cabildo.

A priori, el protocolo a seguir está claro. Tal y como pedía Patrimonio Histórico, “que cualquier acto que pudiera afectar a los valores patrimoniales de los inmuebles” recogidos en el listado “fuera comunicado” a la institución insular, para “adoptar las medidas que se consideren oportunas en caso de ser necesario”.

Sin embargo, no ha sucedido así con los últimos derribos en Hermanos Zerolo, que Lanzarote en Pie ha denunciado ante la Policía, “sin que exista constancia en el Ayuntamiento” de que tuviera licencia de derribo en vigor.

De hecho, en el expediente de derribo, solicitado por la empresa Paseo del Puerto SL, consta un requerimiento del Consistorio advirtiendo una serie de “deficiencias” que impedían a la institución conceder el permiso. Entre ellas, que necesitaba autorización del Cabildo al estar incluidos los edificios en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) del antiguo Hotel Oriental.

En contra del criterio de Patrimonio

En otros casos ha sido el propio Ayuntamiento el que directamente ha desoído al Servicio Insular de Patrimonio. Sucedió con el número 27 de la calle Tenerife, cuya licencia de derribo se quedó inicialmente sobre la mesa y que protagonizó un intenso debate en el Consejo Municipal de Patrimonio el pasado mes de octubre.

En la sesión, el representante del Cabildo recuerda que la Ley de Patrimonio deja “más claro que el agua” que cualquier proyecto que puede dañar inmuebles con valores debe contar con su visto bueno. El concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres, “toma nota sobre solicitar el informe a Patrimonio” y sobre la sugerencia de reunirse con el propietario. Dos meses después, y sin que nada hubiera variado, el Ayuntamiento dio la licencia de derribo.

En contra del criterio de Patrimonio, el Consistorio presidido por Ástrid Pérez dio la licencia para demoler el interior del Hotel Oriental, aunque acto seguido el Cabildo la suspendió y luego inició su declaración como BIC. Sucedió también con los números 52 y 54 de la calle León y Castillo, que acabaron en el suelo, o con el número tres de la calle El Carenero, que fue declarada en ruina.

En otras ocasiones, son los propietarios los que sin cumplir con los trámites, tiran los inmuebles propuestos para catalogar. El Cabildo paralizó, cuando ya estaba en el piso, el derribo del inmueble que daba para el Charco de San Ginés. En el expediente consta una comunicación para el “cambio de pavimentos y alicatados”, en 2020, y el rechazo municipal a una petición para la “limpieza” del solar. Lo que pudiera haber de valor patrimonial ya se había convertido en escombros.