Miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con base en Gran Canaria han imputado, en el marco del "Operativo Vauxhall", a ocho personas, de las cuales cuatro han sido detenidas, como autoras de presuntos delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició por presuntas irregularidades cometidas por parte de un centro autorizado de tratamiento de vehículos (desguace), en la Isla de Gran Canaria, al no haberse tramitado las bajas definitivas de vehículos, poniéndose en cambio estos en circulación a través de la venta a terceros, o haciendo uso de ellos por el propio desguace o empresas asociadas de compraventa de coches.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la información inicial trasladada en el mes de marzo de 2022 desde la Dirección General de la Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación territorial del Gobierno de Canarias a la Unidad Operativa de Policía Administrativa del CGPC, quien a su vez derivó los datos obtenidos a los investigadores.

Tras la investigación, ha quedado acreditado policialmente que desde el desguace se hacían cargo de la recogida de los coches y, tras falsificar en algunos casos la firma de los propietarios que los entregaban, o mediando engaño en otros, los vendían a terceros.

Todo ello, a través de empresas camufladas cuya actividad era, entre otras, la de compraventa de vehículos.

Al margen de la venta directa en las localizaciones de esas empresas, otro modo de engaño a consumidores finales consistía en publicitar a través de Internet anuncios de venta de un vehículo particular.

Estos anuncios ofertaban automóviles aparentemente en buen estado, pero realmente habían sido adquiridos por los investigados con carácter gratuito o a bajo precio (sobre una valoración del vehículo para despiece) y con destino a desguace.

El resultado final era facilitar al comprador final un vehículo en pésimas o malas condiciones, con un contrato de compraventa adulterado.

En algún caso concreto, se llegó incluso a vender un coche que prácticamente estaba para desguazar tras manipular presuntamente el cuentakilómetros. De ese modo, hicieron creer a los compradores que era más nuevo, con lo que obtuvieron un beneficio considerable al aumentar el precio final.

Falsedad defraudatoria

Como parte del engaño, los investigados procedían a falsificar documentos privados, como los contratos de compraventa de vehículos usados.

Consta efectivamente en las actuaciones policiales que los investigados dispusieron de los vehículos una vez entregados en el desguace mediante la falsificación de esos "contratos de compraventa".

Según la versión policial, la facultad de venta de esos vehículos por parte de los investigados no se correspondía con la realidad que debía ser, pues constan "solicitudes de bajas definitivas" y "solicitudes de destrucción".

El desguace, por medio de los investigados, disimuló su verdadera intención de no cumplir las obligaciones de baja y destrucción de vehículos, y como consecuencia de ello, los titulares/propietarios de los vehículos, desconocedores de tal propósito, los entregaban para, posteriormente, los investigados lucrarse y beneficiarse a través de las ventas a terceros.

Las presuntas estafas también se habían realizado a través de la falsificación de documentos oficiales, como los "cambios de titularidad" (documentos de la Jefatura Provincial de Tráfico), y utilizados estos como medio necesario para su comisión.

Fueron los propios denunciantes, legítimos propietarios, los que relataron que, sin su consentimiento, se habían tramitado cambios de titularidad de sus vehículos.

Administración desleal

Los agentes investigadores comprobaron, igualmente, que existían vehículos que habían sido entregados para desguace y, lejos de darles de baja y ser destruidos, seguían circulando o estacionados en vía pública bajo la titularidad de quien los había entregado.

Los principales investigados (administradores, empleados y colaboradores del desguace) regentaban un establecimiento CATv (centro autorizado de tratamiento de vehículos) al que acudían propietarios para proceder a la baja definitiva de sus vehículos y su posterior destrucción.

Así, tras realizarles (no en todos los casos) unas reparaciones básicas, los investigados volvían a introducirlos en el parque automovilístico sin darles de baja, mucho menos destruirlos y, todo ello, sin el conocimiento ni autorización de los perjudicados.

De ahí que, varios de estos titulares/propietarios recibieran posteriormente notificaciones relacionadas con el uso indebido de sus turismos, tales como impagos de impuestos o diversas denuncias de tráfico.

Con su actuación, y de un modo no autorizado o contrario a los intereses de los titulares/propietarios que hacían entrega del vehículo, los investigados frustraron el fin perseguido o el que se hubiera adjudicado el coche en cuestión. Es decir, la baja y destrucción.

Grupo criminal

Desde la Policía aseguran que los investigados se concertaron, al menos desde finales de 2021, para llevar a cabo de forma conjunta una serie de hechos delictivos, con la finalidad en el caso de la estafa, de obtener importantes ganancias.

Actuaban de una forma organizada, sin que se haya podido determinar un orden jerárquico claro. No obstante, la posición del principal investigado, B.A.A., es determinante según los testimonios recabados y las evidencias aportadas durante la investigación.

Se concluye que los investigados no se formaron fortuitamente para la comisión inmediata de un delito concreto, sino que estaban predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos, principalmente, estafas y falsedades documentales.

Se han contabilizado en total, entre víctimas y perjudicados, un total de 38 personas, y se han puesto a disposición judicial ocho vehículos.