Integrantes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional han entregado al Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife los dos teléfonos móviles de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso Mediador, y que fueron el origen de la causa.

También han sido entregados los móviles y las respectivas tarjetas de otros dos investigados cuya sustracción había sido denunciada por el inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió inicialmente la investigación del caso, según consta en una diligencia del citado juzgado difundida por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El denunciante indicó que los guardaba en una caja fuerte en su despacho, en dependencias policiales.

En paralelo a esta denuncia, el mismo inspector jefe apartado del caso Mediador presentó otra por supuestas injurias y calumnias contra algunos de los agentes que lo relevaron en las pesquisas, por haberle acusado de someterlos a acoso laboral.

Los móviles entregados por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos serán registrados en el sistema Atlante (la red informática de los juzgados) como pieza de convicción y quedarán bajo custodia policial, según consta en la diligencia de la juez de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, que lleva la causa.

Este caso Mediador se destapó de rebote, tras la presunta denuncia falsa interpuesta por el exdirector general de Deportes del Cabildo de Tenerife Ángel Luis Peña Pérez, quien acudió a finales de 2022 a una comisaría alegando que en su tarjeta aparecían cargos por valor de 2.575 euros efectuados sin su permiso por Marco Antonio Navarro Tacoronte.

La denuncia fue interpuesta después de que su esposa viera unos gastos que le llamaron la atención y que el exdirector general dijo que se habían hecho sin que él lo supiera, por lo que su pareja acto seguido le instó a acudir a comisaría.

Meses más tarde, Navarro Tacoronte fue detenido durante dos días en un calabozo por esos hechos, hasta que alegó que en sus teléfonos móviles tenía mensajes y documentos que probaban que los cargos se habían hecho con conocimiento del denunciante, además de una ingente cantidad de fotos, audios y detalles que acabaron aflorando una trama de presuntos sobornos a políticos.

Con ese material, la juez instructora empezó a investigar supuestos pagos de sobornos a políticos por parte de empresarios que perseguían tratos de favor, un caso que ya suma más de 20 imputados, entre ellos el exdiputado nacional Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE) y miles de folios instruidos.