La Prestación Canaria de Inserción alcanza la mayor cobertura de su historia al llegar en el mes de septiembre a un total de 11.427 familias beneficiarias, la mayor cuantía de familias beneficiarias de la PCI desde que su creación en el año 2007.

Según aclaró la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, “la previsión es lograr la cobertura social de 12.000 familias antes de final de año o principios del próximo”. “Esto supone -aclaró- que este año 2022, en el que la PCI desaparecerá sustituida por la Renta de Ciudadanía, será el año con mayor cobertura dela historia de la PCI, teniendo en cuenta además que convive con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según datos de la Seguridad Social, ya lo cobran en Canarias unas 23.000 familias”.

Santana resaltó que cuando comenzó la actual legislatura eran 5.687 familias las familias que cobran esta ayuda económica. “Hoy llegamos a más del doble gracias a los cambios legislativos impulsados desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, cambios que han permitido, entre otras mejoras, que los antiguos beneficiarios de la PCI pudieran volver a solicitarla así como al incremento de la financiación y de la contratación de personal técnico tanto en el departamento como en los ayuntamientos dedicados a la gestión de esta cobertura”.

En este sentido, la responsable autonómica de Derechos Sociales destacó el esfuerzo del equipo técnico de la Dirección general “sin cuyo trabajo esta cobertura a las familias más vulnerables de nuestra comunidad no sería posible”. En cuanto a la financiación, subrayó el esfuerzo del Ejecutivo canario para incrementar las partidas económicas destinadas a la PCI, pasando de 36 millones de euros en 2019 a los 66,5 millones de euros en 2022, cantidad que, anunció, llegará a finales de año a unos 70 millones de ejecución.

Además, recordó que cuando se apruebe la Renta ciudadana, según lo recogido en el proyecto de ley, las familias beneficiarias de PCI entrarían de oficio, “es decir, directamente a la renta de ciudadanía sin entregar un solo papel, lo que supondrá la mejora en la cuantías que recibirán en nómina las familias, la eliminación de las renovaciones así como el refuerzo de los apoyos profesionales para los planes de inclusión”.