Las energías renovables son ya el presente, pero su implantación de forma desordenada puede acarrear más perjuicios que beneficios. Por el Consejo de Gobierno del Cabildo ha pasado una propuesta que incluye solicitar al Gobierno de Canarias “que no se conceda ninguna autorización” para nuevos parques eólicos y fotovoltaicos “hasta la aprobación de un instrumento de ordenación que regule la implantación” de equipamientos de energías renovables en suelo rústico.

Si Lanzarote se mira en el espejo de Fuerteventura, verá que en la isla vecina las empresas privadas han solicitado la tramitación de más de 450 megavatios de potencia, lo que duplicaría prácticamente la potencia energética instalada. Hasta mediados del año pasado, ya había solicitados o en funcionamiento 27 parques eólicos, algunos con aerogeneradores pegados a viviendas, y 48 plantas fotovoltaicas.

En muchos de los proyectos autorizados se utilizó una puerta trasera: un artículo que se introdujo en 2011 en la Ley que regula el Sector Eléctrico Canario. Ese artículo, denominado 6bis, establece que por razones de “urgencia” o “excepcional interés”, la consejería del Gobierno competente en Energía, “podrá declarar el interés general de las obras necesarias” para instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica.

Se trata de un procedimiento “excepcional” pero que se ha terminado convirtiendo en habitual. En estos casos, los proyectos “no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular”. Simplemente se pide al Cabildo que, en el plazo de un mes, informe sobre si la instalación es conforme “con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor”.

“En caso de disconformidad”, si el Gobierno quiere no hay ningún impedimento, porque tiene la potestad para decidir “si procede o no su ejecución”. Si el sentido es afirmativo, obliga al Cabildo o al ayuntamiento de turno a que modifique el planeamiento. El simple acuerdo favorable del Gobierno legitima por sí mismo la ejecución del proyecto.

El discutido interés general

En la propuesta del Cabildo de Lanzarote “en relación con las distintas solicitudes” del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, se argumenta que “cabe preguntarse en qué medida la instalación de una planta fotovoltaica o un parque de aerogeneradores responde” a los objetivos de “disponer de un sistema eléctrico en todas las islas de calidad y con garantía de seguridad”.

“A día de hoy”, se señala en el documento al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, “la calidad del suministro eléctrico y la garantía de su seguridad están plenamente garantizadas” en la Isla. Para el Cabildo, se puede entender que se declare de interés general un tendido eléctrico en casos de “imperiosa necesidad” o “la necesidad de ampliar una central o la implantación de una nueva”.

El consejero Valbuena y Dolores Corujo.

“Parece ciertamente forzado, cuando no abusivo” recurrir a una vía excepcional de la Ley del Sector Eléctrico para sacar adelante instalaciones particulares sin el visto bueno del Cabildo

“Por el contrario, parece ciertamente forzado, cuando no abusivo, recurrir al precepto señalado para dar respuesta a lo que no deja de ser una obra interesante para el particular que no puede considerarse en ningún caso como una obra de interés general”, recalca el documento, que lleva la firma del Área de Política Territorial.

La dependencia de Lanzarote de las energías fósiles no ha dejado de ser preocupantes. Según las cifras que maneja el Centro de Datos, unas 180.862 toneladas de hidrocarburos se dedican a la generación de electricidad cada año, y el peso de las energías renovables se sitúa en apenas el 8,8 por ciento. El resto de la electricidad se genera en la central térmica de Punta Grande.

El Cabildo concede que “el único interés general al que podrían dar respuesta las actuaciones planteadas por particulares sería la necesidad de elevar el peso de la generación de energías renovables”, pero ese objetivo no está incluido explícitamente en la modificación legislativa que habilitó ese poder absoluto del Gobierno frente a los instrumentos de planeamiento territorial.

Sin embargo, “las dimensiones de los proyectos que habitualmente pretenden acogerse a esta figura carecen de la envergadura necesaria” para suponer por sí mismos “una mejora apreciable del ratio de renovables, por lo que cabe dudar de la posibilidad de recurrir a ese hipotético interés general”.

“Impacto paisajístico”

De esta manera, el Cabildo considera “meridianamente claro” que si el Gobierno autoriza en Lanzarote instalaciones eólicas y fotovoltaicas saltándose una ordenación previa, cuyos trabajos iniciales se han encomendado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), se haría “a costa de generar un importante impacto paisajístico en una isla de especial vulnerabilidad”.

“Efectivamente, el paisaje de Lanzarote presenta una especial fragilidad”, por la “ausencia de relieves significativos”, lo que supone que “cualquier intervención en el medio rural sea fácilmente apreciable a gran distancia, cuando precisamente la conservación del paisaje insular constituye, ahora sí, un objetivo de interés general”, se recalca en el documento.

Aunque admite la necesidad de “incrementar de manera drástica” el porcentaje de energía obtenida por fuentes renovables, el Cabildo de Lanzarote resalta la importancia de “regular, mediante un instrumento específico, las localizaciones” para “este tipo de instalaciones”. El Cabildo majorero ya está tramitando la Ordenanza de Energías Alternativas y el Plan Territorial Especial de infraestructuras energéticas, con suspensión de autorizaciones durante un año, pero se encuentra con el mismo problema: si el Gobierno de Canarias quiere, ninguna ordenación insular le impide dar luz verde a aerogeneradores y placas solares.

El Cabildo de Lanzarote asegura que quiere “armonizar la necesidad de incrementar la generación de renovables con la preservación del paisaje”, muestra su “rechazo” a que el Gobierno utilice el polémico artículo 6bis para autorizar aerogeneradores y placas en suelo rústico y su “oposición” a que se utilice “para dar cobertura a proyectos particulares que en nada satisfacen el interés general”. Ahora falta que el Gobierno le haga caso.