Una guía de criterios aprobada por el Cabildo destaca que “debido a su impacto paisajístico” quedan “totalmente” excluidas “las instalaciones de generación eólica” en toda la Isla
Lanzarote rechaza declarar de interés público cualquier parque eólico
Una guía de criterios aprobada por el Cabildo destaca que “debido a su impacto paisajístico” quedan “totalmente” excluidas “las instalaciones de generación eólica” en toda la Isla
El Cabildo de Lanzarote ha bloqueado un proyecto de la multinacional Siemens Gamesa para instalar cuatro parques eólicos en el municipio de Yaiza. Cada parque eólico estaría compuesto por un solo aerogenerador, de 4,5 megavatios de potencia, lo que sumaría unos 18 megavatios en total. La justificación dada por el Cabildo es que incumple una serie de criterios para resolver las solicitudes de proyectos de energías renovables que tienen que ser de interés público o social.
Esa guía de condiciones, que no se había dado a conocer públicamente, se aprobó en un Consejo de Gobierno este pasado mes de marzo. En la práctica, bloquea la autorización para cualquier parque eólico.
A finales del año pasado, el Cabildo, presidido por Dolores Corujo y gobernado por PSOE y Podemos, solicitó al Gobierno de Canarias que suspendiera las autorizaciones a nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en Lanzarote, hasta la aprobación de un planeamiento que ordenase la implantación de energías renovables en suelo rústico.
La intención era evitar lo que está sucediendo en Fuerteventura, con la que Lanzarote está conectada a través de un cable submarino. Ambas islas forman un único sistema eléctrico. En la Maxorata, empresas privadas han solicitado la tramitación de más de 450 megavatios de potencia. Según un recuento de este año, se habían solicitado o estaban en funcionamiento 27 parques eólicos, algunos con aerogeneradores a escasa distancia de viviendas, en el municipio de Puerto del Rosario, y 48 plantas fotovoltaicas.
En Lanzarote, por el momento, los nuevos parques eólicos que se han implantado en los últimos años están controlados por el Consorcio del Agua, organismo compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos.
Al margen de estos aerogeneradores, el parque eólico de Montaña Mina, que sí era privado, pertenecía a una empresa que entró en quiebra y su propietario falleció. Y el de Los Valles pertenece a Eólicas de Lanzarote, una empresa cuya mayoría corresponde a su vez a la compañía pública Inalsa, mientras que Endesa tiene una participación minoritaria.
Este control público de la energía eólica en la Isla estuvo a punto de romperse en marzo, cuando el Gobierno de Canarias autorizó el parque Vista Mar, de seis megavatios, en la zona de Las Caletas, en el municipio de Teguise.
La comunidad autónoma lo declaró de interés general, una vía excepcional que recoge la Ley que regula el sector eléctrico canario, pero que el Ejecutivo autonómico ha convertido en una práctica habitual.
Bloqueados cuatro aerogeneradores de la empresa Siemens Gamesa en Yaiza
Con la imposición de la declaración de interés general se obliga a las instituciones locales a modificar el planeamiento para incorporar de forma expresa las nuevas instalaciones energéticas. De hecho, los proyectos que sean catalogados de esa forma no están sujetos a ninguna licencia urbanística ni a “cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular”.
Cuando el Gobierno de Canarias autorizó ese parque eólico en Las Caletas, el Cabildo de Lanzarote hacía meses que le había trasladado un acuerdo político aprobado en su Consejo de Gobierno, instando al Gobierno de Ángel Víctor Torres a no conceder “ninguna autorización” para nuevos parques eólicos y fotovoltaicos hasta que se ordenase su instalación en la Isla.
En junio, la comunidad autónoma rectificó, en una decisión inusual, le dio la razón al Cabildo lanzaroteño y revocó la autorización para montar los aerogeneradores.
“Impacto paisajístico”
La guía de criterios del Cabildo de Lanzarote sobre las solicitudes de declaración de interés público o social de proyectos de energías renovables establece que “debido a su impacto paisajístico, quedan totalmente excluidas las instalaciones de generación eólica”.
Acogiéndose a este precepto, la Corporación insular rechazó considerar de interés los cuatro aerogeneradores de la multinacional Siemens Gamesa, que empezó a tramitar su instalación en octubre de 2020 ante el Ayuntamiento de Yaiza.
Este verano, mientras el Cabildo cerraba la puerta a los aerogeneradores de la multinacional considerada líder del sector de las renovables, a su vez adjudicaba un nuevo parque eólico en San Bartolomé, de cuatro molinos Enercon de 2,3 megavatios de potencia cada uno y una inversión global de casi 13 millones de euros, que se instalarán en suelo rústico.
Las condiciones del Cabildo son un poco más laxas para las instalaciones fotovoltaicas, aunque impiden la entrada de empresas privadas que solo busquen la generación eléctrica para verter en la red.
Así, las plantas fotovoltaicas, para ser declaradas de interés público o social, deberán estar “orientadas al autoconsumo” y asociadas a una “concreta actividad” empresarial. La generación de electricidad “deberá corresponderse con la potencia máxima” que requiera esa actividad y solo se permite verter a la red los excedentes en momentos puntuales.
Además, las plantas fotovoltaicas en el suelo “solo serán permitidas cuando se justifique que la potencia requerida no puede ser alcanzada mediante la colocación de las placas en las cubiertas de las edificaciones”.
Sin planificación
Tal y como se recoge en la guía de criterios aprobada por el Consejo de Gobierno del Cabildo, estos preceptos “estarán en vigor hasta la aprobación de un plan territorial de renovables” o “una ordenanza insular de implantación” de este tipo de energía. “A partir de la aprobación de dicho instrumento, todas las instalaciones” que se pretendan instalar en Lanzarote “deberán estar previstas en el mismo”.
Este pasado mes de abril, el Cabildo sacó a consulta pública las bases de lo que sería la ordenanza insular que regule las energías renovables. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado el documento de ordenación ni se ha confirmado una hoja de ruta con un marco temporal para su tramitación, aprobación y entrada en vigor. Mientras tanto, a las empresas privadas el Cabildo les está bloqueando los proyectos de parques eólicos.
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