Se estima que un 10 por ciento de la población ha consumido cannabis en el último año. En la actualidad son más de 300 las asociaciones cannábicas registradas en la comunidad autónoma, de las que 90 pertenecen a Fuerteventura. De ellas, tan sólo 14 se engloban en la Federación Canaria creada para resolver la “inseguridad jurídica” a la que se enfrentan estos colectivos e instar a partidos e instituciones como Gobierno de Canarias y ayuntamientos a que regulen estas asociaciones, ante la imposibilidad de cambiar las leyes.

“La normalización” de su consumo es uno de los pasos previos en una sociedad en continua evolución, señala el presidente de la Federación Canarias Asociaciones Cannábicas, Narest Díaz. “Ya que la gente consume, pues al menos que lo haga en un campo donde se sienta segura, saber que se trata de tu propio cultivo y evitar los puntos de compraventa”, añade Aroa Suárez, abogada de la Federación.

Explica la letrada que las asociaciones cannábicas se pueden inscribir y regularizar “perfectamente” en el Gobierno de Canarias y contar con todas las bendiciones de la administración. “En cuanto te facilitan un CIF te capacitan jurídicamente. El problema estriba en que se permite el consumo en estas asociaciones sin ánimo lucrativo, pero el cultivo y dispensa está penalizado por la Ley”, explica.

La Federación pretende crear un conjunto de normas, un manual de buenas prácticas para todas las asociaciones ante el vacío legal actual. La creación de un equipo especializado encaminado a inspeccionar las asociaciones para comprobar quiénes cumplen con la normativa y un registro independiente son algunas de las acciones que propone la Federación para encaminar la regularización de estos colectivos.

Sin embargo, la respuesta de las administraciones sigue siendo la misma: “que no disponen de personal suficiente para cubrir estas demandas”, indica Narest. Hasta el momento, se han mantenido encuentros con grupos políticos y representantes municipales para intervenir en las ordenanzas municipales y autonómicas y que, al menos, exista una regulación a nivel local y autonómico.

La Federación logró, incluso, que se presentara una proposición no de ley, ahora paralizada. Además de solicitar la regularización de estas asociaciones por parte del Gobierno autonómico, los asociados esperan que se inste al Estado a que legisle la situación y establezca unos límites de cultivo o cantidad de cannabis que se puede transportar en la calle. Es decir, “saber a partir de cuántas plantas se va a considerar que puede servir para venta o tráfico”.

Los asociados esperan que el Gobierno autonómico inste al Estado a que legisle la situación y establezca unos límites de cultivo o cantidad de cannabis que se puede transportar en la calle

Narest y Aroa recuerdan que hay países que han avanzado en esta regulación, el más reciente, un integrante del G20 como es Canadá. Otra de las facetas en las que trabaja la Federación es la realización de jornadas informativas, con la participación de profesionales en los campos médico, científico y jurídico para que pongan de manifiesto la situación real y los beneficios y riesgos del consumo “excesivo o no controlado”.

Explica Aroa que para poder cultivar legalmente se necesita una autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que solo lo está autorizando para empresas que tengan entre sus objetivos el estudio del cáñamo para fines industriales. Son solo cinco empresas las que cuentan con esta licencia.

“La Ley Mordaza permite también contar con cultivo doméstico, siempre y cuando esté preservado de la vista de terceros, pero si por cualquier razón lo encuentran se puede imputar un delito contra la salud pública. Siempre nos encontramos con la normativa que parece que dice que sí, pero luego restringe por otro lado. A día de hoy, el cultivo sigue siendo ilegal”, añade.

La abogada insiste en que el objetivo último es establecer una serie de normas que amparen a los socios frente a aquellos clubes con cultivos que superan el límite o permiten la entrada a menores.

Clubes irregulares

Narest destaca el “boom” de los clubes cannábicos. “Hay mucha gente que piensa que esto es Amsterdam”, dice. Al respecto, el presidente de la Asociación Cultural Cannábica de Morro Jable, que prefiere omitir su nombre, habla de “negocio encubierto”, de la necesidad de incrementar las inspecciones para que salgan a la luz los clubes que no respeten la normativa: “Unas normas que sean las que dicten las propias instituciones”, explica.

Comenta el caso de Morro Jable, donde han proliferado los clubes cannábicos que ahora suman hasta cinco con una población no superior a 10.000 habitantes. Hasta hace poco, sólo existía una asociación que, en tres años, ha alcanzado los 80 socios frente al alto número de asociados de los nuevos clubes, que en pocos meses han conseguido llegar hasta los 350 miembros. “Hay un boom porque hay personas que llegan con un capital importante y sin conocer las leyes”, dice.

En Morro Jable han proliferado los clubes cannábicos que ahora suman hasta cinco, con una población no superior a 10.000 habitantes. Hasta hace poco, sólo existía una asociación

El proceso es el siguiente: los promotores se hacen con una asesoría jurídica, abren un club y empiezan a repartir publicidad. “Algo que está prohibido, porque se estaría publicitando una droga ilegal”, dice. A diferencia de estos nuevos establecimientos, en su caso no tiene sentido publicitarse porque “nuestro fin no es lucrativo. Se trata de un consumo en un circuito cerrado”, subraya.

También comenta las últimas actuaciones de los cuerpos de seguridad. “La Guardia Civil no está centrada en atacar a las asociaciones, sino los cultivos, algo ilógico”, dado que “obliga a las asociaciones a recurrir al mercado negro”.

Asimismo, expone que hasta el momento la actitud de los fiscales en Canarias había sido constructiva por esos efectos para acabar con el tráfico y, sin embargo, “con esta nueva actitud, están intentando desmantelar los cultivos no ilegales, ni de gran cuantía y que pertenecen a socios y lo están llevando a los juzgados y a los medios de comunicación”. “Nos están tratando a lo Pablo Escobar”, enfatiza.

Este cultivo para consumo propio es otra de las diferencias con respecto a otros clubes, que traen el polen desde Marruecos “con lo que están haciendo el juego a las mafias”.

Tribunales

La asesoría jurídica de la Federación se encuentra con varios frentes abiertos en materia de tribunales. El principal problema se plantea en asociaciones que tienen un cultivo propio sin autorización porque la Agencia española del Medicamento no la está concediendo. Sí se ha presentado toda la documentación relativa al registro, CIF, altas y demás documentación pertinente, “pero el cultivo sigue siendo ilegal, porque puede salirse de los parámetros aceptables según el Tribunal Supremo”.

“Hay que justificar que es un ciclo de cultivo cerrado, anual y que varía según el número de socios y lo que se consuma, por lo que también afecta a la plantación. Además, hay que tener en cuenta que muchas plantas no contienen thc, pero tendríamos que contratar un perito que lo certifique. También podríamos incluir entre los atenuantes que no todas están en floración”, explican.

Mientras tanto, se insiste en la regularización de estas asociaciones para poder cultivar los productos para su propio consumo.